La reciente promulgación de la Ley 25-26 establece la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una plataforma administrada por la Policía Nacional que busca centralizar la información sobre personas reportadas como desaparecidas para facilitar su búsqueda e investigación.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que aún están en proceso de evaluación para implementar la normativa, aunque ya cuentan con registros organizados por grupos de edad. Sin embargo, muchos de estos reportes corresponden a personas que se ausentan voluntariamente de sus hogares.

La ley no especifica una fecha para la activación del registro, pero el artículo 39 establece que el Poder Ejecutivo debe emitir el reglamento correspondiente dentro de los próximos 90 días tras la entrada en vigor de la ley.

La base de datos incluirá información personal de la persona desaparecida, como nombre, edad, sexo, nacionalidad y estado civil, así como una descripción física detallada y las circunstancias de la desaparición. También se registrarán datos médicos relevantes y la información de contacto de familiares o denunciantes.

Además, la legislación contempla sanciones para los servidores públicos que oculten información o obstaculicen los procesos de búsqueda. Datos de la Policía Nacional revelan que entre 2002 y 2026 se reportaron 1,332 casos de menores desaparecidos, de los cuales 51 fueron encontrados sin vida.

Evelyn Abreu, presidenta de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos, considera que la ley representa un cambio significativo para muchas familias. Abreu ha vivido en carne propia la angustia de la desaparición de su madre, Ana Iris Román Martínez, y destaca que el tiempo es crucial en estos casos.

Aunque la nueva legislación no resuelve el dolor de quienes buscan a sus seres queridos, ofrece la esperanza de contar con mecanismos más efectivos desde el inicio de la búsqueda. La aprobación de esta ley llega tras años de reclamos de familiares y de investigaciones periodísticas que evidenciaron las fallas en la búsqueda de desaparecidos.

Reportajes de Diario Libre documentaron la falta de coordinación entre instituciones y la necesidad de un sistema de alerta temprana, así como la creación de una base de datos unificada para abordar este fenómeno de manera más eficiente.