Un grupo de regidores del distrito municipal de Sabana Iglesia denunció este jueves presuntas irregularidades en la adquisición de una retroexcavadora financiada con una donación de RD$7.5 millones por el Gobierno central, acusando a las autoridades municipales de negarse a transparentar la documentación relacionada con la compra.
Los concejales habían convocado una interpelación para conocer los detalles del proceso, pero aseguraron que ningún representante del Comité de Compras y Contrataciones ni de la administración municipal acudió a responder las interrogantes planteadas por el Concejo Municipal.
Solicitud de documentación
Mediante una comunicación oficial dirigida a la alcaldesa Zoila Joselin Pichardo, los regidores solicitaron copia del pliego de condiciones, la factura final emitida por el proveedor adjudicado, los soportes de pago y toda la documentación vinculada al procedimiento de compra, amparándose en las facultades de fiscalización que les confiere la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Durante la sesión, la presidenta del Concejo Municipal, Jenny Plasencia, junto a los regidores Santiago Felipe Rodríguez, Mariano Franco y el vicealcalde Domingo Vargas, manifestaron que la ausencia de los funcionarios convocados constituye una falta de respeto tanto al órgano fiscalizador como a la ciudadanía.
Uno de los regidores afirmó que el objetivo de la interpelación nunca fue generar confrontación política, sino ofrecer explicaciones claras sobre el uso de los recursos públicos destinados a la compra del equipo.
Diferencias en precios
Los concejales sostienen que, tras realizar consultas en el mercado nacional e internacional, detectaron diferencias significativas entre el valor pagado por el ayuntamiento y el precio promedio de una retroexcavadora con características similares.
Explicaron que los RD$7.5 millones, convertidos a la tasa de cambio utilizada para la operación, equivalen aproximadamente a US$129,310. Según las cotizaciones obtenidas, el costo más elevado del equipo rondaría los US$83,000, lo que representaría una diferencia cercana a US$46,310.
A juicio de los regidores, estos datos justifican la necesidad de una investigación exhaustiva sobre el proceso de licitación y contratación. Informaron que ya han presentado diversas denuncias ante organismos de control del Estado y advirtieron que, si se confirman irregularidades, llevarán el caso a instancias judiciales.
Asimismo, aseguraron que su responsabilidad es velar por la correcta administración de los fondos públicos, independientemente de las afiliaciones políticas. Los regidores concluyeron señalando que la transparencia en el manejo de los recursos públicos debe prevalecer sobre cualquier interés particular.
