Las autoridades gubernamentales de la República Dominicana deben implementar medidas urgentes para enfrentar los retos económicos del país en 2026. Entre las reformas necesarias se incluyen la modificación de la Ley 87-01 sobre seguridad social, ajustes fiscales y tributarios, y la asignación del 4% del PIB a la educación. Además, se requiere la inclusión de los migrantes en el mercado laboral y su regularización temporal. Es fundamental convocar al Consejo Económico y Social para facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas.
En las últimas dos décadas, el país ha experimentado un crecimiento significativo, con un ingreso per cápita de aproximadamente US$10,876 en julio de 2025. Este avance se ha logrado gracias a una estrategia de apertura comercial que ha potenciado las exportaciones, la inversión extranjera directa y el turismo. Sin embargo, la República Dominicana enfrenta desafíos como la necesidad de diversificar sus exportaciones, especialmente en el sector de productos electrónicos y chips.
La estabilidad macroeconómica es crucial para evitar medidas de emergencia. Los bancos requieren flujos de capital sostenibles y asequibles, mientras que el mercado de bonos en moneda local necesita profundizarse para disminuir la dependencia de capitales volátiles. La política monetaria prudente ha mantenido la inflación bajo control, aunque persisten tensiones comerciales globales que demandan un enfoque cauteloso.
El crecimiento económico sostenible dependerá de la búsqueda de nuevos mercados y de la implementación de reformas estructurales. Las políticas sociales deben centrarse en la creciente informalidad laboral y en la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral, lo que es esencial para impulsar el crecimiento. Además, es vital potenciar la educación en inteligencia artificial (IA) en escuelas públicas y privadas para preparar a la juventud ante los cambios laborales venideros.
Las metas de inflación deben mantenerse dentro de un rango prudente para controlar el aumento de precios, al tiempo que se expande el crédito. A largo plazo, es imperativo que los líderes del país enfrenten el desafío de reducir la corrupción y mejorar el desempeño fiscal. La disminución de la tasa de natalidad y el aumento de jóvenes ninis requieren atención urgente para su integración en el mercado laboral.
La capacitación en automatización y tecnología es esencial para mejorar la competitividad del país. El Gobierno debe invertir en investigación, desarrollo e infraestructura para crear un clima favorable para los negocios. Con un aumento en los recursos fiscales, se podrán financiar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Finalmente, es necesario adaptar las políticas comerciales a los cambios en los patrones de exportación e importación. Fomentar la demanda interna y abrir nuevos mercados contribuirá a mejorar los ingresos de los productos locales. La inversión en capital humano y la innovación empresarial son claves para el desarrollo sostenible del país.
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