La reforma legal pendiente busca restaurar la justicia en el ejercicio del derecho, específicamente en el ámbito del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Desde la creación de la Ley 91 de 1983, el sistema disciplinario de los abogados ha estado bajo el control del gremio, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia y corrupción en su funcionamiento. La propuesta sugiere que la jurisdicción disciplinaria sea trasladada a la Cámara Penal de la Corte de Apelación para garantizar un proceso más justo y libre de intereses espurios.

Antes de la mencionada ley, el juicio disciplinario era promovido por el Ministerio Público en la Suprema Corte de Justicia, lo que aseguraba un control estatal sobre el ejercicio del Ius puniendi. Sin embargo, con la creación del Colegio de Abogados, esta facultad se transfirió al gremio, lo que, según críticos, ha llevado a una estructura de corrupción y abuso de poder. La situación se agravó bajo la dirección de Miguel Alberto Surún Hernández, quien ha sido acusado de manipular el sistema en beneficio propio.

El ex presidente del Colegio de Abogados, Diego Torres, ha denunciado que Surún Hernández redactó sentencias arbitrarias contra varios abogados, utilizando su posición para perseguir a aquellos que se oponían a sus intereses. Esta situación ha llevado a que el Tribunal Disciplinario, que debería ser un órgano de honor, sea visto como un instrumento de represión y control dentro del gremio.

Los proponentes de la reforma argumentan que, al igual que en 2015 se traspasó la facultad disciplinaria a la Cámara Civil para los notarios, es esencial hacer lo mismo para los abogados. Esto permitiría que jueces con mayor conocimiento de las garantías fundamentales manejen los casos disciplinarios, alejando el poder de decisiones arbitrarias de un grupo cerrado. La propuesta busca eliminar el comercio de influencias que actualmente se da en el Tribunal Disciplinario.

La situación actual del Colegio de Abogados ha sido descrita como un culto anti-racional, donde los intereses espurios han creado una imagen de honor que es, en realidad, una fachada para encubrir prácticas corruptas. La falta de reformas adecuadas ha mantenido al gremio sumido en el descrédito y la oscuridad, lo que afecta la confianza pública en la profesión legal.

Es crucial que se lleven a cabo reformas profundas en la normativa del Colegio de Abogados para erradicar la corrupción y restaurar la integridad del sistema. Mientras no se realicen estos cambios, el Tribunal Disciplinario seguirá siendo un obstáculo para la justicia y la transparencia en el ejercicio del derecho en el país.