El año 2026 comienza con pronósticos negativos para la economía dominicana, según economistas que advierten sobre la mayor presión fiscal en años.

Se estima que el país deberá desembolsar US$5,847 millones en intereses y amortizaciones de la deuda externa, además de RD$231,000 millones para la deuda interna, incluyendo aportes al Plan de recapitalización del Banco Central.

Este panorama genera un déficit fiscal histórico que podría agravar las ya frágiles finanzas públicas.

Con un presupuesto aprobado de RD$1.84 billones y solo RD$1.43 billones en ingresos nacionales, el gobierno enfrentará un faltante de RD$400,000 millones solo para cubrir el déficit.

Esta situación representa un gran desafío para la administración del presidente Luis Abinader.

La crisis se ve agravada por la creciente desconfianza hacia el gobierno, alimentada por escándalos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y su vinculación con el narcotráfico.

Esta desafección política podría dar lugar a la aparición de nuevos líderes que se presenten como salvadores del país.

Ante este contexto, se plantean varias recomendaciones para el presidente Abinader:

• Evitar reformas fiscales: No es el momento adecuado para implementar cambios fiscales. En lugar de ello, el gobierno debe enfocarse en mejorar la recaudación de impuestos existentes y reducir la evasión fiscal.
• Revisar el manejo de fondos públicos: La discrecionalidad en el manejo de recursos debe ser limitada. Se sugiere establecer comisiones para la toma de decisiones sobre desembolsos, con la participación de actores independientes.
• Recuperar la confianza ciudadana: Es crucial que el presidente busque nuevos colaboradores en diversos sectores para relanzar su gobierno y restaurar la credibilidad ante la población.
• Apoyar a la clase media: Se deben implementar incentivos que mejoren la calidad de vida de la clase media y abordar de manera efectiva la pobreza extrema, aumentando las ayudas sociales y creando redes de abastecimiento de productos básicos.

La gobernabilidad en el país depende de la capacidad del presidente y sus funcionarios para actuar con rapidez y eficacia.

Si no se toman medidas adecuadas, la insatisfacción social podría desembocar en protestas masivas, poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno y del sistema democrático.