Las redadas migratorias masivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump dejaron en Los Ángeles una huella de dolor, miedo y resistencia que permanece viva un año después de los operativos que convirtieron al condado en un laboratorio de las políticas de deportación masiva en Estados Unidos. El 6 de junio de 2025, agentes encapuchados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ejecutaron una serie de operativos simultáneos en distintos puntos del condado, el más poblado del país y hogar de más de tres millones de inmigrantes.

“Emocionalmente deja una huella que quedó marcada para siempre”, relató a EFE uno de los trabajadores detenidos durante la redada en la empresa Ambiance Apparel, donde más de 40 empleados fueron arrestados. El inmigrante, de 33 años, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, aseguró que fue detenido sin que se le respetaran sus derechos ni el debido proceso.

Según explicó, tardó más de una semana en comunicarse con un abogado y permaneció más de dos meses recluido en el centro de detención migratoria de Adelanto, en California, una instalación señalada en múltiples denuncias por presuntas negligencias. “Duele recordarlo y siempre será así; uno queda marcado”, expresó el trabajador, integrante de la campaña Lucha Zapoteca, impulsada por la organización Warehouse Workers Resource Center, que brinda apoyo a los 15 empleados indígenas arrestados en esa operación. Tres de ellos ya fueron deportados.

Los operativos también alcanzaron otros puntos estratégicos, incluida una tienda Home Depot, donde jornaleros que buscaban empleo fueron rodeados y detenidos por agentes migratorios. Defensores de los derechos civiles acudieron al lugar para documentar posibles irregularidades, pero varios de ellos también fueron arrestados y enfrentaron cargos federales.

Para organizaciones comunitarias, aquella jornada anticipó la estrategia que posteriormente se aplicaría en distintas regiones del país con el objetivo de alcanzar la meta de un millón de deportaciones durante el primer año de mandato. “Apuntaba a los inmigrantes más vulnerables”, afirmó a EFE Ron Gochez, portavoz del colectivo Unión del Barrio, quien considera que Los Ángeles sirvió como campo de pruebas para una política destinada a sembrar temor entre las comunidades migrantes.

Las imágenes de los arrestos y las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza provocaron una ola de indignación que derivó en manifestaciones masivas. La situación escaló hasta el despliegue de la Guardia Nacional de California por parte de la Casa Blanca, una decisión adoptada sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom y que no tenía precedentes en más de seis décadas.

“Hace un año, Los Ángeles vivió la militarización de nuestros barrios, pero nuestra respuesta fue clara: no nos dejaríamos intimidar por el racismo ni la división”, declaró Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). La reacción trascendió a las organizaciones defensoras de inmigrantes, con la participación de vecinos, iglesias, sindicatos, funcionarios electos y autoridades estatales y locales que se articularon para enfrentar las detenciones y ofrecer apoyo a las familias afectadas.

Como resultado, surgió una amplia red de alertas comunitarias que utilizó las redes sociales para documentar operativos migratorios y denunciar posibles abusos. Paralelamente, se presentó una demanda contra el Gobierno federal por presuntas detenciones inconstitucionales destinadas a cumplir cuotas de arrestos consideradas arbitrarias.

De acuerdo con un análisis de LAist basado en datos del Deportation Data Project, durante 2025 fueron arrestadas más de 14,000 personas en el área metropolitana de Los Ángeles, la mayoría sin antecedentes penales. Las redadas dejaron además un saldo trágico, con dos inmigrantes muertos mientras intentaban escapar de los operativos, en lo que activistas consideran el preludio de otros incidentes mortales vinculados a acciones migratorias en distintas partes del país.

A un año de aquellos acontecimientos, Los Ángeles desarrolla esta semana diversos actos conmemorativos para recordar a las víctimas, denunciar los efectos de las redadas y reafirmar el compromiso de las comunidades migrantes con la defensa de sus derechos. “Demostramos que las comunidades inmigrantes no son víctimas pasivas, sino una fuerza poderosa que sostiene y enriquece esta ciudad”, concluyó Salas.