Condena a red de narcotráfico en San Cristóbal
Un tribunal colegiado de San Cristóbal impuso condenas de siete y cinco años de prisión a varios miembros de una red dedicada al narcotráfico y lavado de activos, desmantelada durante la Operación Larva. Jorge Luis Herasme y Ramón Eduardo Peña Reyes recibirán siete años, mientras que James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Elizabeth Spataro Rodríguez, María Mercedes Ramona Estrella y Sarai Esther Herasme Estrella deberán cumplir cinco años, con suspensión de la pena.
Además, el tribunal condenó a varias empresas, incluyendo Upper Promotion, S.R.L. y H&S Inmobiliaria, S.R.L., a pagar multas de doscientos salarios mínimos. La sentencia también contempla el decomiso de bienes muebles e inmuebles valorados en más de 14 millones de dólares, así como diez vehículos y relojes de marcas de lujo como Patek Philippe y Rolex.
La procuradora general de la corte, Ramona Nova, calificó la decisión como “un golpe de alto impacto a la criminalidad organizada”. Este caso se suma a condenas anteriores de otros miembros de la red, quienes ya habían sido sentenciados por su participación en actividades delictivas.
La investigación fue liderada por los fiscales Luis Alberto García y Daryl Montes de Oca, con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Durante el proceso, se presentaron pruebas que demostraron la implicación de los acusados en lavado de activos, narcotráfico y otros delitos relacionados.
Las juezas del Tribunal Colegiado de San Cristóbal, Biulkys Milanés, Rosa Mateo y Ana Inés Susana, validaron las pruebas del Ministerio Público y dictaron la sentencia. Los condenados deberán cumplir su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, mientras que aquellos con suspensión de la pena deberán seguir ciertas reglas para evitar regresar a prisión.
El Ministerio Público recordó que esta red fue desmantelada el 16 de marzo de 2020 y que las autoridades realizaron varios allanamientos en distintas localidades, resultando en múltiples arrestos. La operación se inició tras la interceptación de una embarcación en Nigua, San Cristóbal, que transportaba 700 paquetes de cocaína proveniente de Colombia.
El caso ha sido un proceso largo, con acusaciones presentadas en diciembre de 2022 y el juicio programado para agosto de 2024. Las violaciones del grupo abarcan múltiples leyes dominicanas relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de activos.
