Un abogado acusado en el caso de presunta corrupción que involucra a varios exfuncionarios, incluido el exministro de Hacienda Donald Guerrero, recusó a dos de las tres juezas del tribunal que lleva el juicio de fondo. La recusación fue presentada por Juan Tomás Polanco Céspedes, quien fue respaldado por los imputados Agustín Mejía Ávila y Flor María Reyes.
Polanco alega «animadversión» hacia la magistrada Evelyn Rodríguez debido a conflictos previos con su defensa, Alberto Almonte de los Santos. En cuanto a la jueza Leticia Martínez, el abogado argumenta que su actuación afecta su derecho a la tutela judicial. Según el imputado, estas circunstancias llevaron a las juezas a rechazar su solicitud de extinción de la acción penal.
El Tercer Tribunal Colegiado, presidido por Arlín Ventura Jiménez, recesó el juicio para el 11 de noviembre a fin de que la corte decida sobre la recusación presentada. Este tribunal no fue recusado en el proceso.
Los abogados de los querellantes, encabezados por Juan José Javier, presentaron un recurso de oposición a la recusación, argumentando que esta era inadmisible y buscaba perturbar el proceso para causar dilaciones.
Las magistradas recusadas, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, fueron las que votaron en contra de la extinción de la acción penal solicitada por Guerrero y otros acusados. La presidente del tribunal, Arlín Ventura Jiménez, emitió un voto disidente, argumentando que el plazo para que el caso continuara en la justicia ya había vencido.
En este proceso penal también están involucrados los abogados Ángel Lockward y Ana Linda Fernández, así como los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
A los más de treinta imputados se les atribuye el desvío de más de 19 mil millones de pesos en el pago de terrenos declarados de utilidad pública. Además, se les acusa de haber pagado sobornos para ser utilizados en la campaña electoral de 2020 del Partido de la Liberación Dominicana.
El órgano acusador también señala que los imputados implementaron un esquema de extorsión sobre los juegos de azar, los cuales deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda.
