República Dominicana no está cumpliendo con el Protocolo de Minnesota al no investigar adecuadamente las muertes de presuntos delincuentes a manos de la Policía Nacional (PN). Este protocolo, que es un conjunto de directrices de la ONU, establece normas para investigar muertes potencialmente ilícitas y proteger el derecho a la vida, así como promover la rendición de cuentas y la justicia.

El Protocolo de Minnesota se aplica cuando la muerte puede haber sido causada por agentes del Estado o cuando una persona falleció bajo custodia estatal. Este manual exige investigaciones independientes, la creación de comisiones especiales y la realización de autopsias rigurosas para asegurar que las indagaciones sean efectivas y transparentes.

Además, el protocolo impone al Estado la obligación de investigar toda muerte en circunstancias sospechosas, incluso si no se denuncia que el Estado fue el causante. Las víctimas y sus familias tienen derecho a un acceso equitativo a la justicia y a recibir información sobre las violaciones de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza este protocolo como estándar para evaluar si las investigaciones cumplen con las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En varios casos, la Corte ha señalado que los Estados deben llevar a cabo investigaciones serias e imparciales sobre ejecuciones extrajudiciales.

En el caso de República Dominicana, la Corte IDH reconoció la responsabilidad del Estado por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo la ejecución extrajudicial de varias personas. Como medida de reparación, la Corte ordenó la capacitación de funcionarios públicos y la implementación de protocolos que sigan los principios del Protocolo de Minnesota.

Las muertes de presuntos delincuentes deben ser investigadas de manera imparcial e independiente, tal como establece el Protocolo de Minnesota. República Dominicana, como Estado parte de la comunidad internacional, está obligada a cumplir con estas normas, que tienen fuerza constitucional según su legislación.

El incumplimiento de estas directrices no solo afecta la justicia para las víctimas, sino que también pone en riesgo la credibilidad del Estado en el ámbito internacional.