La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó este miércoles que la reforma al Código Laboral busca beneficiar principalmente a los trabajadores dominicanos, y reiteró que el Gobierno mantendrá el diálogo con todos los sectores involucrados en el proceso. Peña hizo estas declaraciones antes del Congreso Internacional Transformación Digital 360.

La funcionaria destacó que la gestión del presidente Luis Abinader se ha caracterizado por impulsar cambios significativos a través del consenso y la concertación. “Todo lo que nosotros hemos aprobado y llevado a cabo ha sido en base al resultado de un consenso”, expresó Peña, quien aseguró que seguirán las conversaciones para avanzar en la reforma.

El objetivo final de la reforma laboral, según Peña, es fortalecer las condiciones de trabajo de los empleados y ampliar los derechos laborales en el país. “El final es que salgan beneficiados los empleados, los trabajadores de la República Dominicana”, afirmó.

Respecto a los reclamos del sector empresarial para ser incluidos en las discusiones de la reforma, la vicepresidenta aseguró que todos los actores deben participar en el proceso. “Claro que sí, totalmente. Los empresarios y todos los sectores que tengan que ver precisamente con ese código”, subrayó.

En cuanto a una posible reforma fiscal, Peña recordó que el presidente Abinader ha sido claro en su enfoque y que actualmente el Gobierno se centra en abordar los efectos de la incertidumbre global y las tensiones geopolíticas que afectan la economía. La vicepresidenta mencionó el aumento en los precios internacionales del petróleo como un desafío para las finanzas públicas.

Peña explicó que el presupuesto nacional contemplaba el barril de petróleo a cerca de 60 dólares, mientras que recientemente se ha cotizado alrededor de 88 dólares, lo que impacta las proyecciones económicas. A pesar de esto, destacó que el Gobierno ha implementado subsidios focalizados y políticas de contención de precios para proteger a la población.

La vicepresidenta concluyó asegurando que las autoridades continuarán trabajando para evitar que los sectores más vulnerables se vean afectados por las consecuencias económicas de los conflictos internacionales, especialmente en el contexto de la guerra en Medio Oriente.