La jueza de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz Quezada, impuso presentación periódica y una garantía económica de RD$50,000 a la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera, acusada de estar vinculada al internamiento forzoso de un ingeniero en un centro de salud mental. La decisión se tomó tras la solicitud de coerción presentada por el Ministerio Público, que había pedido prisión preventiva para la médica.
El abogado de la psiquiatra, Jean Cristofer Pérez, cuestionó los argumentos de la acusación, afirmando que no existen pruebas que conecten a su clienta con los hechos investigados. Pérez destacó que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en un caso donde no hay elementos probatorios que vinculen a la doctora Ylsa Quero.
El jurista también indicó que la psiquiatra no aparece en una acusación anterior relacionada con el caso, lo que refuerza su defensa. “En esa acusación no se menciona en ninguna página a la doctora Ylsa Quero”, afirmó.
Pérez criticó que la imputación contra su clienta se base en las declaraciones de otra persona procesada, quien supuestamente afirmó que actuó bajo instrucciones de la médica. “Una imputada que está siendo sometida dice que se le dio la orden y por eso el Ministerio Público tiene aquí a esta doctora”, expresó.
El abogado también puso en duda la acusación de complicidad en un caso de violencia intrafamiliar, cuestionando si la doctora es familiar del paciente. “Eso tiene que ser cuestionado”, agregó.
Fuera de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, médicos y psiquiatras se reunieron para mostrar su apoyo a Quero Cabrera, en un caso que ha generado inquietud entre los profesionales de la salud mental sobre sus posibles repercusiones en la atención de pacientes que requieren internamiento.
Pérez hizo un llamado a la Procuraduría General de la República, criticando el uso de recursos estatales en un proceso que considera infundado. “El Estado Dominicano invierte muchos recursos en procesos judiciales de personas que sí lo necesitan”, afirmó.
El abogado advirtió sobre el temor que este caso podría generar entre los profesionales de la salud al intervenir en situaciones de emergencia. “No estamos de acuerdo con que la comunidad médica tenga miedo de aplicar un protocolo de emergencia”, concluyó.
La psiquiatra ha sido acusada de estar involucrada en el ingreso forzoso de un ingeniero, quien fue trasladado contra su voluntad desde una empresa constructora en Alma Rosa II, Santo Domingo Este. Según la acusación, la expareja del ingeniero, Nancy Estervina de Jesús, también imputada, habría declarado que realizó el ingreso por instrucciones de la doctora.
No obstante, la defensa rechaza la imputación, argumentando que las acciones de la médica se basaron en un protocolo de atención adecuado.
