Un nuevo proyecto de ley depositado en el Congreso Nacional busca crear un régimen especial para la determinación y regularización de la documentación de personas con cédulas de identidad dominicana que enfrentan un limbo jurídico por impedimentos, suplantaciones o irregularidades registrales. La iniciativa, presentada por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, surge para subsanar los vacíos dejados por normativas previas, como la Ley núm. 169-14, que excluía a registros con falsedad de datos de sus beneficios.

El proyecto argumenta que, a pesar de los errores burocráticos del pasado, estas personas han establecido una vida civil, familiar y económica legítima en el país, lo que incluye matrimonios, declaraciones de hijos y adquisición de propiedades. Por ello, el Estado debe proteger estas relaciones jurídicas.

Propuestas del proyecto

La iniciativa propone un régimen especial que permita reconstruir la identidad y renovar los documentos de ciudadanos con irregularidades en el Registro Civil, en línea con los preceptos constitucionales que garantizan la dignidad humana y el derecho a la igualdad. Reconoce, además, que las deficiencias históricas del Registro Civil han llevado a que muchos ciudadanos reciban documentos oficiales que ahora se cuestionan, vulnerando sus derechos fundamentales.

Voceros de organizaciones civiles que apoyan la iniciativa enfatizan que «no podemos permitir que las fallas del pasado sigan condenando a miles de personas a una muerte civil». Aseguran que el proyecto no busca premiar la ilegalidad, sino aplicar un principio de justicia y seguridad jurídica al separar el hecho registral original de las realidades humanas que se han consolidado legítimamente.

El régimen propuesto establece que la corrección de las anomalías en los expedientes debe incluir un tratamiento jurídico justo para los actos ya realizados, garantizando la validez de contratos, pensiones y derechos filiales de los afectados. Esto busca proteger la estabilidad del sistema financiero y del ordenamiento civil dominicano.

Entre las principales propuestas se incluye el reconocimiento de la validez de matrimonios, declaraciones de hijos y propiedades adquiridas bajo identidades cuestionadas. También se destaca la responsabilidad compartida del Estado en las situaciones generadas por deficiencias institucionales del Registro Civil.

El proyecto busca solucionar los vacíos de la Ley 169-14, amparando casos que quedaron excluidos en 2014, especialmente aquellos relacionados con registros falsos o suplantaciones. Además, permitirá la corrección de registros y dotará a los afectados de documentación regularizada y jurídicamente acreditable.

En resumen, el proyecto de ley se fundamenta en los preceptos constitucionales del derecho a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y el derecho al nombre y la nacionalidad.