Las manifestaciones convocadas por los Chalecos Amarillos en Francia han resultado en más de 160 detenciones en todo el país, evidenciando el descontento social ante los altos precios y la situación económica, justo antes de las elecciones presidenciales. Este sábado, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en París y otras ciudades, mientras miles de personas se unieron a las protestas.
Los manifestantes tomaron el ayuntamiento de Marsella, la segunda ciudad más grande del país, antes de ser desalojados por las fuerzas del orden. En París, la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los cientos de manifestantes que, en su mayoría con mascarillas, lanzaron fuegos artificiales y proyectiles.
Las protestas han generado un gran impacto en la capital, donde los manifestantes cortaron las principales carreteras, lo que obligó a las autoridades a cerrar varias estaciones de metro. Según el Ministerio del Interior, más de 32,000 manifestantes participaron en aproximadamente 140 acciones en todo el país.
El movimiento de los Chalecos Amarillos, que hace ocho años inició protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron por el aumento de impuestos sobre los combustibles, convocó estas manifestaciones en un contexto de creciente presión sobre el gobierno tras semanas de protestas estudiantiles. Se han levantado críticas sobre la respuesta policial, considerada desproporcionada por algunos sectores.
Durante las protestas, un manifestante en Marsella hizo un llamado a «tomar la Bastilla», en alusión a la Revolución Francesa, mientras otros atacaron las oficinas del alcalde. Una estudiante enmascarada expresó su descontento por los recursos destinados a la educación y la brutalidad policial.
En Gueret, un funcionario manifestó su frustración por el aumento de precios y la falta de aumentos salariales, mientras que en Rennes, manifestantes levantaron barricadas en las afueras de un centro comercial. Un carpintero, antiguo miembro de los Chalecos Amarillos, criticó la represión dirigida a los jóvenes.
A pesar de las prohibiciones de protestas en áreas cercanas a edificios gubernamentales, la policía detuvo a unas 60 personas en París. Los organizadores de las manifestaciones habían planeado más de 600 protestas en todo el país, reflejando la preocupación de alrededor del 45 por ciento de los franceses por el costo de la vida y la inflación.
La economía francesa enfrenta desafíos significativos, con una deuda pública que se prevé alcanzará más del 120 por ciento del PIB el próximo año. Los economistas advierten que solo se logrará una reducción significativa de la deuda con reformas profundas, como la reducción del sistema de pensiones.
El presidente Macron hizo un llamado a la calma, subrayando que el derecho a protestar debe ir acompañado del respeto hacia las personas y la propiedad. La situación ha sido aprovechada por partidos de extrema izquierda y extrema derecha, con Marine Le Pen posicionándose del lado de la policía en medio de los disturbios.
