La crisis de la comunicación responsable en la República Dominicana se manifiesta a través de la proliferación de la prostitución digital, donde la falta de ética y preparación en el uso de las redes sociales ha llevado a una degradación de la información. Este fenómeno ha permitido que cualquier persona con un celular se considere comunicador, sin cumplir con los requisitos que exige una profesión que impacta en la opinión pública.

No se trata de censura, sino de establecer un mínimo de requisitos para quienes desean informar y formar opinión. Así como se exige a médicos, abogados e ingenieros, es necesario que quienes se dediquen a la comunicación también cuenten con la formación adecuada y una conciencia del impacto que sus palabras pueden tener.

La actual situación ha llevado a confundir el gritar con informar y el viralizar con tener razón, resultando en un entorno donde la calumnia, el chisme y la mentira se han convertido en estrategias de monetización. Este contexto ha generado una prostitución de los medios digitales, donde la información se compra y se vende en nombre de una libertad que, en muchos casos, se ve pisoteada.

La necesidad de regulación

Las plataformas digitales no pueden seguir siendo consideradas como tierra de nadie, y es imperativo que los colegios profesionales y el Estado tomen una postura activa ante esta problemática. Se requiere una regulación clara y moderna que no limite la libertad de opinión, pero que establezca controles para quienes buscan hacer de la comunicación un negocio o un arma.

Es fundamental reconocer que no todos los que hablan tienen la capacidad de comunicar de manera efectiva y responsable. La sociedad necesita un cambio que permita salir al paso de esta farsa y restablecer la credibilidad en la información que se difunde.