El cúmulo de penas, las tres causales del aborto y el tratamiento del exhibicionismo sexual fueron temas centrales en la entrega de propuestas para modificar el nuevo Código Penal en el Congreso Nacional, realizada este miércoles por juristas, organizaciones sociales y grupos religiosos.
Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la presentada por Miguel Surun Hernández, presidente de la Fundación Primero Justicia, y Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). Ambos abogan por cambios que fortalezcan la libertad de expresión y eviten excesos punitivos, corrigiendo disposiciones que consideran inconstitucionales.
Surun Hernández expresó su rechazo a cualquier modificación que despenalice el exhibicionismo sexual bajo argumentos artísticos o culturales, argumentando que esto podría comprometer la protección de la familia y los espacios públicos. Además, se opuso a flexibilizar las sanciones contra el bullying y el ciberbullying, ya que esto podría favorecer la impunidad en conductas que afectan a niños y adolescentes.
En relación al cúmulo de penas, Vidal Potentini advirtió que su combinación con delitos de opinión podría resultar en condenas de hasta 60 años de prisión. Propuso mantener la pena máxima en 30 años y permitir un límite de hasta 40 años mediante el cúmulo de penas, en lugar del esquema actual.
El presidente del CARD también sugirió eliminar el artículo 310 y avanzar hacia la despenalización de los delitos de opinión, así como eliminar el trato privilegiado que reciben los funcionarios en casos de difamación. Además, solicitó al Congreso considerar los recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y extender el proceso de revisión del Código Penal por seis meses para un análisis más consensuado.
Organizaciones defensoras de las tres causales del aborto, representadas por Tamara Aquino, pidieron modificar los artículos 110 y 111 del nuevo Código Penal para incluir excepciones que permitan la interrupción del embarazo en casos de riesgo para la vida o salud de la mujer, violación, incesto o inviabilidad fetal.
Por su parte, Omayra Álvarez, directora de Juventud Con Una Misión (Jucum), manifestó su preocupación por la redacción de las disposiciones sobre discriminación, que podrían llevar a sanciones penales por negarse a prestar ciertos servicios. Álvarez destacó que el debate se ha centrado en la libertad de expresión y las tres causales, mientras que otras modificaciones, como la reducción de penas para delitos sexuales, han sido poco discutidas.
El abogado Juan Contreras rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo de reducir de 30 a 20 años el plazo de prescripción del delito de violación sexual infantil, considerándolo un retroceso en la protección de menores. Contreras instó al Gobierno a explicar las razones de este cambio y reafirmó su compromiso de promover modificaciones que fortalezcan la protección de la niñez.
La comisión bicameral que estudia las propuestas se reunirá nuevamente la tarde de este miércoles para continuar su análisis. El objetivo es presentar un informe al pleno del Senado y la Cámara de Diputados, con la intención de aprobar las modificaciones al Código Penal antes del cierre de la legislatura.
