La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) han eliminado un total de 56,140 alertas migratorias que figuraban en su base de datos, las cuales habían permanecido sin respaldo judicial durante años. Esta acción se produce tras un retraso de cuatro años, a pesar de que en 2021 la procuradora Miriam Germán Brito había afirmado que se habían tomado medidas para su eliminación.
A pesar de las declaraciones de Germán Brito, miles de registros de alertas e impedimentos de salida seguían vigentes, afectando la libre circulación de ciudadanos. El Tribunal Constitucional (TC) había establecido en 2022 que ninguna autoridad podía restringir el tránsito de una persona sin una orden judicial, lo que subraya la importancia de esta reciente decisión.
El comunicado de la Procuraduría señala que los controles eliminados pertenecían a registros acumulados entre 1990 y 2026, muchos de los cuales ya habían cumplido su propósito. La eliminación de estas alertas busca corregir un problema que había persistido durante décadas, donde expedientes obsoletos afectaban los derechos de los ciudadanos.
En 2021, la procuradora había declarado que se habían tomado las medidas necesarias para evitar las alertas migratorias impuestas por el Ministerio Público, tras el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien fue impedido de salir del país sin una orden judicial. Rodríguez permaneció en el país y fue posteriormente sometido a prisión preventiva.
El TC, en su sentencia TC/0338/22, reafirmó que las autoridades no pueden restringir la libertad de tránsito sin un fundamento legal. Este fallo se originó en el caso de Armando Rivera Gómez, a quien se le impidió salir del país mediante una alerta de Interpol, y el tribunal confirmó la decisión de levantar dicha alerta.
El criterio del TC fue reiterado en otra sentencia, TC/1186/25, en la que se declaró inconstitucional una disposición del Código Tributario que permitía impedir la salida del país a personas investigadas por fraude fiscal sin una decisión judicial.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha solicitado al director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, que priorice el levantamiento de registros sin base legal, históricos y aquellos correspondientes a procesos ya cumplidos. Esta solicitud busca asegurar que las alertas migratorias se manejen de manera adecuada y conforme a la ley.
Una mesa técnica conjunta revisó los registros acumulados y encontró errores administrativos, así como órdenes judiciales que no estaban debidamente individualizadas. La eliminación de estas alertas representa un paso significativo hacia el respeto de los derechos de los ciudadanos en el país.
