Los disturbios en torno al Tribunal Constitucional de Polonia llevaron al presidente del país, Karol Nawrocki, a interrumpir su visita oficial a Senegal y regresar de inmediato a Varsovia este viernes, mientras la Policía implementaba un operativo de seguridad en la sede del organismo judicial.

Las autoridades informaron que tres personas fueron detenidas tras saltar la valla e ingresar al recinto del tribunal, donde se intentaba controlar a los manifestantes que protestaban por la disputa sobre el control y la autoridad dentro de la institución.

El conflicto se intensificó después de que la jueza de mayor antigüedad, Anna Korwin-Piotrowska, asumiera provisionalmente la dirección del tribunal, apartando durante un mes al presidente Bogdan Święczkowski y al vicepresidente. No obstante, el tribunal sostiene que ambos continúan en sus cargos.

La Policía de Varsovia aclaró que sus agentes no habían ingresado en las instalaciones del tribunal ni intervenido contra la guardia interna. Este despliegue se realizó a solicitud del fiscal general y de una jueza de la corte, ante el riesgo de agresiones al personal y posibles alteraciones del orden público.

Nawrocki, quien se encontraba en Senegal, justificó su regreso inmediato a Polonia mediante un mensaje en la red social X, afirmando que «en un momento así, el Presidente debe estar en Polonia».

La crisis se origina en el enfrentamiento entre dos grupos de magistrados que disputan la legitimidad de sus autoridades. Korwin-Piotrowska, nombrada durante la actual legislatura bajo el Gobierno del primer ministro Donald Tusk, asumió la dirección provisional y separó temporalmente a Święczkowski y su vicepresidente, quienes fueron designados en 2024 y 2025, respectivamente, durante el anterior Gobierno.

Este enfrentamiento también está vinculado a la reforma judicial impulsada entre 2015 y 2023 por el partido Ley y Justicia (PiS) y a la negativa del Tribunal Constitucional a admitir a los nuevos magistrados elegidos por el Parlamento en marzo de 2026.

Tusk respaldó la intervención de Korwin-Piotrowska y defendió la suspensión temporal de la cúpula judicial como una medida necesaria para restablecer el Estado de derecho, tras años de ilegalidad bajo las administraciones del PiS. «No hay otro camino», afirmó Tusk, reconociendo que el proceso podría ser doloroso, pero insistiendo en la necesidad de adoptar medidas decididas para superar la crisis institucional.

El primer ministro atribuyó la parálisis del organismo a las acciones de Święczkowski, a quien acusó de bloquear la convocatoria de la Asamblea General del tribunal y la incorporación de los nuevos magistrados seleccionados por el Parlamento.