El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes la reducción de su salario y el de sus ministros en un 50%, como parte de un «esfuerzo y compromiso» con el país, en medio de cuatro semanas de conflictos y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos que exigen su renuncia.

Antes de esta decisión, Paz percibía un salario de 24,978 bolivianos (aproximadamente 3,617 dólares). Con la reducción, su remuneración quedará en unos 12,489 bolivianos (alrededor de 1,808 dólares), y ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente.

Paz aseguró que esta medida no afectará a «otras áreas ni a profesionales», ya que su intención es que «los mejores» permanezcan en el servicio público. La decisión se produce en un contexto donde algunos sectores que protestan cuestionaron inicialmente el salario del presidente y los parlamentarios, pidiendo una reducción como señal de cercanía con la población ante la crisis económica que enfrenta el país desde 2023.

Sin embargo, las protestas han evolucionado y ahora las organizaciones que lideran los bloqueos, como los campesinos del altiplano de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales, exigen la renuncia del mandatario.

En este contexto, Paz también anunció que el Ejecutivo presentará al Parlamento un proyecto de ley del «perdonazo tributario», destinado a sectores como comerciantes, transportistas y artesanos, para ayudarles a «reactivar» su economía. La norma beneficiará a quienes han acumulado multas en el sistema tributario desde 2017.

El presidente asistió a la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria en Sucre, tras haber permanecido en La Paz atendiendo reuniones con sectores sociales con diversas demandas. Las protestas han mantenido aislado al departamento de La Paz durante 20 días, y los bloqueos se han extendido a otras regiones como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, el Gobierno ha establecido «puentes aéreos» para llevar alimentos a estas urbes, además del apoyo logístico y donaciones de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

Recientemente, un nuevo intento del Gobierno de abrir un «corredor humanitario» en una carretera estratégica entre La Paz y las fronteras con Perú y Chile fracasó, complicando aún más la situación en el país.