El presidente Luis Abinader ha ordenado la suspensión de la extracción de oro y otros minerales del Proyecto Romero en San Juan de la Maguana. Esta decisión se produce en medio de críticas hacia la minería y los estudios realizados por instituciones gubernamentales sobre el impacto de estas actividades.

A pesar de la necesidad de extraer minerales para generar ingresos, las empresas mineras en el país han sido acusadas de dejar un saldo negativo en las comunidades, donde las promesas de inversión son cada vez más escasas. La agricultura ha sufrido un deterioro significativo, y los daños al medio ambiente son evidentes.

Se reconoce la importancia de una minería responsable, similar a la que se practica en naciones desarrolladas, donde se cumplen las leyes y los beneficios son claros. Sin embargo, las protestas contra la minería en el país han sido objeto de críticas, señalando la presencia de oportunistas que buscan atención mediática.

La reciente marcha en San Juan contra la minería mostró una mezcla de activistas y políticos que, según algunos, buscan capitalizar el descontento popular. A pesar de la presión social, el presidente Abinader ha tomado medidas para prohibir la extracción masiva de minerales, aunque se cuestiona si esto detendrá las operaciones de la empresa involucrada.

Se teme que, a largo plazo, la empresa continúe sus actividades, ya que ha realizado inversiones significativas en relaciones públicas. Aunque la situación actual es incierta, se anticipa que algunos de los críticos podrían cambiar su postura en el futuro.

Las experiencias pasadas con empresas mineras como Barry Gold, Pueblo Viejo y Falcombridge han dejado una huella negativa en el medio ambiente, y el Estado, que enfrenta un déficit, depende de los ingresos de la minería para equilibrar su presupuesto. Esto plantea un dilema sobre la sostenibilidad de la minería en el país.