La Policía Nacional y la sociedad dominicana enfrentan un dilema sobre el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. La policía ha sido criticada por justificar la muerte de un delincuente en un enfrentamiento, mientras que la comunicación social tiende a estigmatizar a la institución sin considerar que estos resultados pueden ser necesarios debido a la naturaleza del trabajo policial.

El reto radica en encontrar un equilibrio donde la policía no tenga que justificar cada intercambio de disparos, pero tampoco sea acusada de actuar de manera letal sin razones válidas. Es fundamental que, al defenderse, la policía también proporcione informes detallados sobre los antecedentes de los individuos involucrados y la situación que llevó a la confrontación.

Ignorar este aspecto podría llevar a una situación en la que la decisión de vida o muerte recaiga únicamente en la discreción policial, lo que podría interpretarse como una forma de pena de muerte sin juicio. Aunque en algunos casos los antecedentes del delincuente pueden justificar la acción policial, la situación se complica cuando se cometen errores o cuando los agentes son percibidos como los culpables, como ocurrió con la pareja de pastores asesinados entre Villa Altagracia y Santo Domingo.

Las críticas hacia la Policía Nacional, a menudo merecidas, deben ser equilibradas con la comprensión de la naturaleza de su trabajo. Es esencial que la institución documente adecuadamente cada incidente en el que se produzca la muerte de una persona, demostrando la legitimidad de sus acciones siempre que sea posible.

Este enfoque es crucial para lograr un entendimiento mutuo entre la policía y la sociedad. Si fuera el presidente Luis Abinader, este sería el punto de enfoque que exigiría al jefe de la policía, buscando así un balance que beneficie a ambas partes en este delicado tema.