Santo Domingo. La detención de la diputada Millys Martínez ha causado un gran revuelo, afectando incluso las sesiones de la Cámara de Diputados. A pesar de que el inspector general de la Policía, el general Martín Tapia Sánchez, anunció su visita a Elías Piña para investigar el incidente, la institución mantiene un hermetismo total.

La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue arrestada durante las fiestas patronales de la provincia, siendo esposada por el coronel Ernesto de León Olivero, comandante del departamento operativo de la demarcación. Este hecho provocó el rechazo del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, quien recordó que Martínez goza de inmunidad parlamentaria según el artículo 85 de la Constitución.

Inicialmente, la Policía intentó negar que la diputada hubiera sido esposada, pero diversos videos en redes sociales contradicen esa versión. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, evitó ofrecer respuestas claras a la prensa, limitándose a informar que el caso está bajo investigación.

El incidente se produjo durante una intervención en una gasolinera donde, según informes preliminares, se realizaba una fiesta con música y venta de alcohol sin los permisos correspondientes. Desde entonces, el silencio institucional ha prevalecido, generando críticas hacia el actuar del coronel.

Preguntas sobre el estatus del coronel de León Olivero, si ha sido sancionado o investigado, siguen sin respuesta oficial. La situación ha creado un frente común entre los partidos en la Cámara, afectando la agenda legislativa.

En la sesión ordinaria de ayer, Martínez denunció la «agresión policial» que sufrió en su provincia natal, Elías Piña, ubicada a unos 244 kilómetros de Santo Domingo. Su intervención refleja el impacto que este incidente ha tenido en el ámbito político y social del país.