La Policía Escolar de República Dominicana enfrenta una crisis de recursos, con solo 3,050 agentes para más de 10,700 centros educativos y más de 2 millones de estudiantes en el país. Esta situación se agrava ante el aumento de la violencia y delincuencia que afecta a las escuelas públicas.
Desde su creación hace 27 años, la Policía Escolar ha tenido dificultades para cubrir la demanda de seguridad en los planteles. Cifras no oficiales indican que más del 87 % de los planteles permanecen desprotegidos, lo que ha llevado a un incremento en los conflictos dentro de las aulas.
La problemática se hizo evidente recientemente cuando un estudiante de 16 años, identificado como Alberto Mancebo, resultó herido con un objeto punzante durante una pelea en el liceo secundario Enriquillo, en Duvergé. El joven fue trasladado al hospital Doctor José Pérez, donde recibió atención por heridas en el hemitórax y el antebrazo derecho.
En otro incidente, una estudiante de 13 años en Santiago de los Caballeros denunció haber sido agredida a golpes en el baño de su escuela, un ataque que fue grabado en video y que ha generado indignación por la inacción de otros estudiantes presentes.
La violencia en las escuelas no se limita a peleas entre estudiantes. Esta semana, un hombre de 34 años ingresó armado con un machete a la escuela primaria Mencía en Barahona, amenazando de muerte al director, Joselín Lebrón Cuevas. Estos actos reflejan una creciente descomposición familiar y problemas de salud mental en la sociedad dominicana.
Los conflictos también se manifiestan en agresiones hacia docentes. En un hecho reciente, la madre de un estudiante rompió el cristal del carro de una profesora en la escuela Pedro Henríquez Ureña, en la autopista Duarte, tras un desacuerdo con la docente.
La Fiscalía de Las Caobas investiga la muerte de un estudiante de 16 años en un centro educativo de Los Alcarrizos, mientras que otro caso involucra a un niño de 12 años que llevó un arma de fuego a su escuela en Azua con la intención de agredir a un compañero.
A pesar de la falta de datos oficiales sobre el consumo de drogas en jóvenes, profesionales de la salud mental advierten sobre un aumento significativo en este comportamiento. Cada uno de estos incidentes plantea serias preguntas sobre la crianza y el entorno familiar de los niños y adolescentes en el país.

