Un policía en servicio activo está entre las cuatro personas procesadas por su supuesta participación en el delito de tráfico ilícito de migrantes, según informó la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Milton Andrés S. N. y Segundo Vicente G. H., mientras que Dayana Lisseth S. P. y el policía Jonathan Fernando R. T. recibirán medidas alternativas como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente.

La investigación, que comenzó en septiembre de 2025, se llevó a cabo en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos y la Unidad Nacional Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Unat), tras la denuncia de una víctima. Esta persona relató que fue contactada por una organización que ofrecía trasladarla de forma irregular hacia Estados Unidos a cambio de altas sumas de dinero.

Los procesados habrían coordinado el traslado de varias personas desde Ecuador hacia Estados Unidos utilizando rutas irregulares que atravesaban Colombia, El Salvador y México. Las víctimas debían realizar pagos parciales antes del viaje y completar el saldo durante el trayecto.

En el caso en cuestión, una de las víctimas pagó aproximadamente 31,000 dólares por el traslado de tres personas. Sin embargo, tras ingresar de manera irregular a territorio estadounidense, fueron detenidas por las autoridades migratorias y posteriormente deportadas a Ecuador, según indicó la Fiscalía en un comunicado.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción recabados en la investigación, incluyendo informes investigativos, registros migratorios, información financiera y documentación bancaria. También se incluyeron versiones de la víctima y de testigos, así como los resultados de diligencias especiales de investigación autorizadas judicialmente, que abarcaron seguimientos, vigilancias e interceptación de comunicaciones.

Estos elementos permitieron identificar la supuesta participación de los procesados en una estructura que habría facilitado la migración irregular con el objetivo de obtener un beneficio económico, según el Ministerio Público. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.