El Poder Judicial ha dejado de recibir aproximadamente 143,912.2 millones de pesos del Presupuesto Nacional en más de dos décadas, debido al incumplimiento de las asignaciones establecidas por la ley. Un análisis del economista Nelson Suárez indica que entre 2005 y 2025, el Poder Ejecutivo debió transferir al sistema judicial al menos 276,053.4 millones de pesos, pero solo asignó 132,141.2 millones, generando una diferencia negativa de 143,912.2 millones.

El estudio revela que el promedio anual no entregado asciende a 6,852.96 millones de pesos. Durante el período analizado, el Gobierno Central recibió ingresos internos en el Fondo General por un total de 10 billones 358,479.7 millones de pesos, lo que implica que el sistema de justicia dejó de recibir el 52.1 % de los recursos que le correspondían por ley.

Diferencias anuales en asignaciones

El año con la mayor brecha entre los recursos asignados y lo estipulado por la normativa fue 2024, con una diferencia de 20,253.7 millones de pesos. En contraste, el presupuesto más cercano a lo que establece la ley fue el de 2006, con una diferencia de 1,147.3 millones de pesos.

La insuficiencia presupuestaria ha generado malestar en el sistema de justicia, lo que llevó a jueces de diversas jurisdicciones a realizar un paro nacional el 21 de mayo. Durante esta protesta, que contó con el respaldo de 450 magistrados (equivalente al 61 % de la judicatura), se suspendieron audiencias y otros servicios judiciales.

Ocho días después de la paralización, el Consejo del Poder Judicial anunció un aumento salarial del 30 % para jueces y personal administrativo, que se implementará en dos etapas: 20 % en 2026 y 10 % en 2027. También se aprobaron ajustes salariales de entre 35 y 50 % para el personal de apoyo jurisdiccional.

Compromisos del Gobierno

Las asociaciones de jueces valoraron positivamente los acuerdos alcanzados, considerándolos una respuesta concreta a demandas históricas. El ministro de Hacienda y Economía también se pronunció, validando los reclamos y asegurando que el Gobierno cumplirá con los acuerdos en función de sus posibilidades financieras.

La Ley 194-04 establece la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, indicando que su presupuesto debe ser, como mínimo, el 4.10 % de los ingresos internos. Estos recursos deben distribuirse en un 65 % para la Suprema Corte de Justicia y un 35 % para el Ministerio Público.