El titular de la Secretaría de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Manzano, defendió la incorporación de servidores públicos durante la gestión del expresidente Danilo Medina, refutando las declaraciones del director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien afirmó que no se incorporó a ningún servidor público a la Carrera Administrativa en ese período.
Manzano calificó las afirmaciones de Pimentel como “falsas y carentes de sustento documental”, y destacó que documentos oficiales del Ministerio de Administración Pública (MAP) evidencian que entre 2012 y 2020 se llevaron a cabo concursos y procesos de incorporación al Sistema de Carrera Administrativa General.
Datos sobre la incorporación de servidores
El dirigente del PLD citó una publicación del MAP, fechada el 7 de enero de 2022, que indica que entre 2016 y 2020 se realizaron 424 concursos de oposición, lo que resultó en la incorporación de 879 servidores públicos al Sistema de Carrera Administrativa General.
“¿Cómo puede afirmar Carlos Pimentel que durante los ocho años de gobierno de Danilo Medina no se incorporó un solo servidor público a la carrera administrativa, cuando el propio Ministerio de Administración Pública registra 424 concursos y 879 incorporaciones, solamente, entre 2016 y 2020?”, cuestionó Manzano.
Asimismo, mencionó los decretos 45-15, del 10 de marzo de 2015; 85-16, del 29 de febrero de 2016; y 86-16, de la misma fecha, como pruebas de la incorporación de servidores públicos de carrera durante los gobiernos de Medina.
“Hablamos de registros institucionales del propio Ministerio de Administración Pública, y documentos oficiales como son los decretos. No son cifras producidas por el PLD ni por un dirigente político. Son documentos institucionales del Estado dominicano que confirman eso”, afirmó.
Manzano retó a Pimentel a presentar documentos oficiales que contradigan los registros del MAP y sostuvo que el funcionario tiene derecho a cuestionar los gobiernos del PLD, pero no a sustituir los documentos oficiales por “una versión distorsionada y malintencionada” de los hechos.
