El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebró la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de dictar auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, considerando que confirma la insuficiencia de las acusaciones en su contra. El secretario general del partido, Johnny Pujols, instó a reflexionar sobre el uso de la justicia y la necesidad de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

En un documento titulado “La justicia debe servir a la verdad y no a la política”, Pujols argumentó que las decisiones de los tribunales en casos de dirigentes del PLD reabren el debate sobre el uso de medidas restrictivas y la prisión preventiva. Afirmó que corresponde a los tribunales determinar responsabilidades penales basándose en pruebas válidas y suficientes, recordando que una acusación no implica una condena.

El dirigente político destacó que la presunción de inocencia es una garantía constitucional que debe aplicarse a todos, independientemente de su posición política o condición social. También expresó preocupación por la posible utilización política de la justicia, señalando que en ciertos procesos se ha creado una percepción de culpabilidad antes de una decisión judicial definitiva.

Pujols cuestionó el uso de la prisión preventiva, planteando que debe ser una medida excepcional dentro del sistema judicial. Además, manifestó inquietud por la prolongación de los procesos judiciales y la difusión pública de información sobre expedientes en curso, aspectos que deben ser analizados en un debate más amplio sobre garantías procesales y fortalecimiento institucional.

El secretario general del PLD subrayó que la lucha contra la corrupción debe llevarse a cabo dentro del marco constitucional y legal, respetando el debido proceso y la independencia de los tribunales. Propuso que se impulse una reflexión sobre mecanismos que eviten la utilización de la justicia con fines políticos y la vulneración de derechos fundamentales durante los procesos.

Pujols reiteró el compromiso del PLD con el fortalecimiento institucional, la independencia del Poder Judicial y el combate a la corrupción, insistiendo en la necesidad de garantizar una justicia imparcial y respetuosa de las garantías constitucionales, fundamentada en la valoración objetiva de las pruebas.