El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado Sánchez, advirtió que la redacción de la figura de la difamación extorsiva en el nuevo Código Penal podría generar confusiones peligrosas para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Maldonado señaló que el texto podría hacer creer que un periodista y un extorsionador cometen la misma falta, cuando en realidad sus acciones son diferentes.

Durante una entrevista en el programa “Síntesis”, transmitido por El Nuevo Diario TV, el presidente de SDD explicó que el extorsionador actúa con la intención de presionar económicamente a una persona a cambio de silencio, mientras que las controversias derivadas de investigaciones periodísticas deben resolverse sin la amenaza de prisión. “El extorsionador posiblemente merecería prisión, pero yo no debería ir a prisión si tú entiendes que yo dije algo que no te gustó”, expresó.

Maldonado también cuestionó la reintroducción de penas de cárcel para los delitos de difamación e injuria en el nuevo Código Penal, argumentando que esta medida contradice precedentes del Tribunal Constitucional (TC). Consideró que la nueva norma podría enfrentar múltiples recursos de inconstitucionalidad.

El presidente de SDD resaltó que muchas disposiciones discutidas durante la presentación del anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, fueron incorporadas al nuevo Código Penal. “El gobierno dejó perimir aquel proyecto, pero metieron lo del Código Penal, reintroduciendo lo que el Constitucional había eliminado”, indicó.

Maldonado Sánchez enfatizó que la libertad de expresión no es un privilegio de la prensa, sino un derecho fundamental. Sin embargo, recordó que su ejercicio debe respetar las garantías fundamentales de terceros. “Los periodistas no tienen derecho a la expresión porque son periodistas, es porque son seres humanos”, afirmó.

En la misma entrevista, Maldonado criticó la Resolución de la Junta Central Electoral que prohíbe la publicación y difusión de encuestas electorales fuera de los períodos oficiales. Argumentó que las encuestas son herramientas de investigación que permiten medir el sentir de la población sobre temas políticos, por lo que considera improcedente limitar su divulgación.

“¡Cómo es posible que tú no puedas medir el sentimiento de la gente sobre los políticos o los partidos!”, cuestionó. Maldonado expresó su deseo de que el Tribunal Superior Electoral anule la resolución, al considerar que impone restricciones injustificadas a la investigación y difusión de información de interés público.