La procuradora de corte, Mirna Ortiz, afirmó este viernes que el Ministerio Público ha presentado pruebas suficientes en el caso de corrupción administrativa contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel «Jochi» Gómez.
Según Ortiz, el caso será enviado a juicio.
Durante una rueda de prensa, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó la solidez de las pruebas presentadas en la audiencia preliminar, que se lleva a cabo en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
A la salida de la audiencia, Ortiz criticó a las defensas, señalando que intentaron confundir al tribunal y a la prensa con alegaciones sin fundamento.
Aseguró que el Ministerio Público logró demostrar todas las imputaciones contra los acusados.
Detalles de la Acusación
La procuradora mencionó que las defensas no abordaron los mensajes de WhatsApp presentados como evidencia.
Estos mensajes, según Ortiz, evidencian que la licitación fue asignada a Gómez Canaán antes de que se formalizara el proceso.
Ortiz subrayó que las acciones de los implicados muestran un esquema de defraudación al Estado dominicano, donde se favoreció a un proveedor con el que ya existían relaciones, a cambio de beneficios económicos.
El Ministerio Público solicitó al tribunal un auto de apertura a juicio contra todos los acusados, que incluyen a varios individuos y empresas implicadas en el caso.
Implicados y Estructura del Caso
Entre los imputados se encuentran Pedro Vinicio Padovani, Samuel Gregorio Baquero, y otros, así como varias empresas como Transcore Latam S.R.L.
y Aurix S.A.S..
La investigación del Ministerio Público revela un entramado de corrupción que incluye fraude en contrataciones públicas y lavado de activos.
Se alega que estas operaciones se desarrollaron principalmente a través del Intrant y otras entidades.
El eje central del esquema de corrupción sería Gómez Canaán, quien, mediante vínculos con diversas empresas, habría liderado una red destinada a desviar fondos públicos y controlar infraestructuras estratégicas del Estado.
