El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) expresó su respaldo al Partido Humanista Dominicano (PHD) debido a las acciones judiciales que han impedido la celebración de su VII Convención Nacional Ordinaria. José Francisco Peña Guaba, secretario general de FOPPPREDOM, advirtió sobre los efectos negativos de los conflictos internos que llegan a los tribunales, los cuales amenazan la democracia y estabilidad de las organizaciones políticas.
Peña Guaba señaló que los intentos del PHD para llevar a cabo su convención han sido obstaculizados por reclamaciones de individuos que afirman tener derechos de afiliación. En este contexto, se han denunciado presuntas falsificaciones de documentos que se han utilizado para obtener decisiones judiciales en detrimento de la agrupación.
Recomendaciones a las autoridades
El secretario general pidió al Tribunal Superior Electoral (TSE) y a la Junta Central Electoral (JCE) que actúen con cautela y rigor en el manejo de estos casos. Además, consideró fundamental verificar quiénes tienen derecho a presentar reclamaciones, así como revisar la autenticidad de los documentos involucrados y asegurar el cumplimiento de las leyes y estatutos partidarios.
FOPPPREDOM alertó que las competencias de estas instituciones podrían ser manipuladas mediante actuaciones fraudulentas, lo que afectaría la seguridad jurídica y entorpecería la actividad de los partidos políticos. En este sentido, hizo un llamado a ambas entidades a preservar su independencia.
La organización defendió el derecho del PHD a llevar a cabo su vida interna de acuerdo con las decisiones de sus organismos legítimamente constituidos. Resaltó que esta autonomía debe ejercerse respetando los derechos de los afiliados y el marco legal vigente.
Importancia de la democracia interna
El foro enfatizó que la democracia interna de los partidos debe desarrollarse sin interferencias indebidas. Además, destacó que la protección judicial de los derechos políticos debe coexistir con la autonomía partidaria, advirtiendo que los recursos judiciales no deben convertirse en herramientas para paralizar injustificadamente a las organizaciones políticas.

