El homicidio de Darlin Mercado Reyes, de 19 años, ocurrió durante una intervención policial en La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, cuando agentes intentaban incautar una motocicleta alegadamente sin documentos. El joven, que observaba el procedimiento, se acercó para preguntar por qué se llevaban el motor, momento en el que uno de los agentes le disparó «sin mediar palabras». El agente señalado como autor del disparo mortal fue identificado como el cabo José Francisco Moreta Heredia, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La intervención policial se realizó bajo la Ley 63-17, que permite a los agentes detener vehículos sin placa visible y solicitar documentos. Sin embargo, esta ley también exige que el agente se identifique y explique el motivo de la detención, lo que no ocurrió en este caso. Además, el Reglamento de la Policía sobre Uso de la Fuerza establece que la primera acción debe ser la presencia policial y el uso de la palabra.

Un error significativo fue convertir una fiscalización de tránsito en una revisión personal confusa. El conductor de la motocicleta estaba sacando su cédula cuando el agente le pidió que vaciara sus bolsillos, lo que generó confusión y tensión. Aunque los policías podían realizar una revisión preventiva, debían explicar su proceder y mantener el control de la situación.

Otro fallo fue el manejo de las pertenencias del conductor, que quedaron desatendidas sobre el asiento de la motocicleta. La Ley 590-16 establece que la Policía debe garantizar la custodia de los objetos de las personas intervenidas. El conductor reclamó que tenía sus pertenencias allí, lo que indica una falta de protocolo en el manejo de la situación.

La orden de arresto también se emitió sin una explicación clara. Cuando el conductor admitió no tener documentos y aceptó que se llevaran la motocicleta, uno de los agentes le informó que iba a ser arrestado, sin ofrecer una razón válida. La legislación exige que se informe el motivo de la detención, lo que no se cumplió.

La escalada física de la situación fue otro error. Tras la pregunta del conductor, se produjo un forcejeo y el joven fue llevado a empujones hacia la patrulla. Aunque la ley permite el uso de fuerza en caso de resistencia, esta debe ser gradual y proporcional, y el uso de la fuerza letal debe ser un último recurso.

Además, la escena se dejó abierta, lo que permitió que Darlin se acercara. En una intervención con dos policías, uno debe controlar al detenido y el otro asegurar el perímetro. No se dieron advertencias claras antes del disparo, lo que representa una falta grave en el protocolo.

El uso del arma de fuego fue la falla más crítica. La Ley 590-16 estipula que los policías solo pueden usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida requerida. En este caso, no había una amenaza letal que justificara el disparo, ya que Darlin no estaba involucrado en una persecución ni en un forcejeo.

Finalmente, tras el disparo, los agentes no solicitaron asistencia médica inmediata para Darlin, a pesar de que la ley lo exige. Este hecho evidencia que el homicidio fue el resultado de un proceso de fiscalización de tránsito mal ejecutado, lo que genera dudas sobre la actuación de los agentes policiales en este caso.