La propuesta del Gobierno de reducir en un 50% los recursos asignados a los partidos políticos para el 2026, que suma RD$1,620 millones, ha generado un fuerte rechazo entre los líderes políticos, quienes argumentan que esta medida podría ser ilegal y contraria a la Constitución. La discusión se ha centrado en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Ley de Presupuesto para el Sector Público, así como en el papel de la Junta Central Electoral (JCE).

El exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aspirante presidencial, Charlie Mariotti, calificó la propuesta como «ilegal e inconstitucional», señalando que el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de reducir unilateralmente los fondos asignados a los partidos sin la aprobación del Congreso Nacional. Mariotti advirtió que el Gobierno debe ser cauteloso al utilizar la crisis económica como una herramienta política, especialmente en un contexto preelectoral donde el partido oficialista cuenta con recursos y estructura para su campaña.

Argumentos legales y apoyo a la medida

Mariotti citó la Ley 423-06, que establece que el Poder Ejecutivo no puede modificar el total de gastos aprobados por el Congreso sin someter un proyecto de ley. También mencionó el artículo 212 de la Constitución, que garantiza la autonomía de la JCE en la distribución de los fondos de los partidos, basándose en los resultados de las últimas elecciones.

Por su parte, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, expresó su apoyo a la reducción del financiamiento en el contexto de la crisis internacional, pero enfatizó que cualquier decisión debe cumplir con el marco legal vigente. Antún Batlle recomendó que el Gobierno presente un proyecto de modificación a la Ley de Partidos Políticos antes de implementar la medida.

El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, destacó que la discusión sobre el financiamiento a los partidos no debe centrarse solo en criterios económicos, ya que este financiamiento es crucial para garantizar condiciones mínimas de competencia electoral. Rosario subrayó la importancia de analizar cualquier modificación con cautela, considerando su impacto en el funcionamiento de las organizaciones políticas.

El ministro Sigmund Freund, delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), instó a los partidos a debatir la propuesta, sugiriendo que todos los sectores deben hacer su parte en el «nivel de sacrificio» necesario ante la crisis. Freund argumentó que la propuesta de recorte busca asegurar recursos disponibles en medio de la situación económica actual.

Según la Ley de Presupuesto General del Estado y la resolución 01-2026 de la JCE, los partidos políticos tienen asignados 1,620 millones de pesos para el 2026, con un 80% de ese monto destinado a las organizaciones mayoritarias, que recibirán los fondos mensualmente bajo la supervisión de la JCE. En el último Consejo de Gobierno, el presidente Luis Abinader presentó un plan de austeridad que incluye la posibilidad de reducir el financiamiento público a los partidos políticos como parte de las medidas ante la crisis económica provocada por la guerra en Oriente Medio.