El Partido Popular (PP) de España se comprometió a identificar en un máximo de siete días a quienes crucen ilegalmente la frontera y a realizar devoluciones «sin demora» bajo el nuevo reglamento europeo, según anunció su presidente, Alberto Núñez Feijóo, este martes en Ceuta. Este plan forma parte de su programa electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Además, el PP propone establecer cupos anuales de inmigración por sectores productivos, ajustados al desempleo y a la capacidad del país en vivienda y servicios públicos. Núñez Feijóo también anunció una nueva ley de nacionalidad que requerirá residencia legal y continuada en España, así como conocimiento de la lengua y de los valores constitucionales.

Esta propuesta se presenta en medio de la controversia por la nacionalidad otorgada a descendientes de españoles a través de la llamada ‘ley de nietos’. Actualmente, el Tribunal Supremo tiene suspendido cautelarmente el derecho a voto de decenas de miles de solicitantes hasta que demuestren que su antepasado salió de España por motivos de persecución política.

En un acto reciente, Núñez Feijóo enfatizó que «España tiene derecho a decidir quién entra, cómo entra y para qué entra», criticando la política migratoria del gobierno del socialista Pedro Sánchez en un contexto de crisis migratoria en las islas Canarias.

El líder del PP se comprometió a reforzar el control de las fronteras y a no dejar solos a los archipiélagos españoles, como Baleares y Canarias, ni a las ciudades de Melilla y Ceuta, que han enfrentado un aumento significativo en la llegada de migrantes. En julio, más de 80,000 personas ingresaron a Ceuta desde Marruecos.

La isla de El Hierro también ha experimentado un aumento en la presión migratoria, con 6,000 llegadas irregulares por mar en los últimos diez días. Según Núñez Feijóo, el modelo migratorio debe ajustarse a las necesidades de España y no a las exigencias de organizaciones de tráfico de personas.

A pesar de liderar la mayoría de las encuestas electorales, el PP necesitaría el apoyo de la extrema derecha, que tiene posturas firmes contra la inmigración irregular, para poder formar un gobierno efectivo tras las elecciones.