El decreto No. 348-25, emitido en 2025, modifica el decreto No. 181-19 y asigna a Parquéate RD la responsabilidad de remover vehículos mal estacionados, lo que ha generado controversia debido a que se considera ilegal. Esta modificación implica que los propietarios de vehículos deberán pagar 4 mil pesos por el traslado en grúas y mil pesos en multas, a pesar de que la ley 63-17 sobre tránsito no establece tales cobros. La ley solo contempla multas por estacionamiento en lugares prohibidos y no menciona el pago por remoción de vehículos.

El decreto 348-25 ha sido criticado porque contraviene lo establecido en la ley 63-17, que solo prevé sanciones de multa y reducción de puntos para los infractores. Además, la normativa estipula que si un conductor denuncia el robo de su vehículo y este es recuperado, solo deberá cubrir los gastos de grúa y custodia, sin que se le imponga un pago adicional por remoción.

Otro aspecto cuestionado es el procedimiento de remoción, ya que los vehículos son retirados sin previo aviso al conductor. La ley 63-17 exige que el agente de tránsito informe al infractor sobre la violación y levante un acta de infracción, lo cual no se está cumpliendo en este proceso. Esto representa una violación al debido proceso, ya que el propietario del vehículo no tiene la oportunidad de firmar el acta de infracción al no ser notificado.

El decreto también es considerado ilegal por alterar una ley y violar principios constitucionales. Los reglamentos y decretos deben estar subordinados a la ley y no pueden crear situaciones jurídicas nuevas que no estén contempladas en la legislación existente. La creación de un cobro de 4 mil pesos por remoción de vehículos es un ejemplo de esta irregularidad, ya que la ley 63-17 no lo establece.

Además, el decreto 348-25 no solo introduce un nuevo pago, sino que también omite las formas procesales necesarias para el levantamiento de un acta de infracción. La ley 63-17 no delega en Parquéate RD la función que corresponde al Intrant y a la DIGESETT, lo que agrava la situación. En resumen, la implementación de este decreto ha generado un debate sobre su legalidad y la correcta aplicación de las normativas de tránsito en el país.