El ministro español de Transportes, Óscar Puente, presentó este martes su dimisión y renunció a ser candidato en las próximas elecciones generales, programadas para el 29 de noviembre, tras el accidente ferroviario que la semana pasada dejó 69 muertos en Urda, Toledo.

Puente hizo el anuncio durante una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde explicó que tomó esta decisión al enterarse del accidente en el que dos trenes de alta velocidad chocaron, resultando en un centenar de heridos. Destacó que su renuncia es una cuestión de «dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas».

El ministro subrayó que no podía continuar en el cargo tras dos accidentes de tal magnitud en menos de un año, independientemente de su responsabilidad directa. Informó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, minutos antes de hacer pública su decisión.

A pesar de que en una rueda de prensa previa había afirmado que no pensaba dimitir, Puente agradeció a Sánchez por su «confianza sin límite» y animó a los progresistas a apoyarlo en las elecciones. El accidente ocurrió cuando un AVE de Renfe embistió a un tren detenido de la compañía Iryo, con un total de 544 pasajeros a bordo.

La renuncia de Puente se produce en un contexto de alta tensión política, ya que la oposición ha exigido su dimisión desde el accidente, el segundo de este tipo en el año, tras el ocurrido en Adamuz, que dejó 46 muertes. La portavoz de Vox, Pepa Millán, criticó fuertemente al Gobierno y exigió responsabilidades penales por el siniestro.

Además, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular también solicitaron su dimisión, argumentando que es necesario restaurar la confianza en el servicio público. La portavoz del PP, Ester Muñoz, afirmó que hubo fallos sistémicos en la gestión de la seguridad ferroviaria.

Por su parte, la portavoz de la coalición Sumar, Verónica Barbero, pidió la dimisión de Puente «desde el respeto y la lealtad», sugiriendo que debería hacerlo cuando lo considere oportuno. El Gobierno español, tras el Consejo de Ministros, aprobó una línea de ayudas de 30 millones de euros para indemnizar a las víctimas y sus familias.

Entre las medidas anunciadas, se contempla una reducción temporal de las frecuencias en la línea Madrid-Sevilla y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Además, se reforzarán los centros de control y se introducirán mejoras tecnológicas para aumentar la seguridad en la alta velocidad ferroviaria.