Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han consolidado su poder mediante una represión violenta contra opositores y críticos, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado en Costa Rica. Este informe destaca que, en los últimos siete años, al menos nueve opositores han muerto bajo custodia del Estado, siendo el último caso reportado en mayo.

El estudio titulado ‘La dictadura Ortega-Murillo: el poder asentado en la muerte’ señala que la violencia estatal y la crueldad se han convertido en políticas permanentes del régimen, lo que ha llevado a la sistemática comisión de crímenes de lesa humanidad. Los investigadores argumentan que esta política se hizo evidente durante las protestas ciudadanas de 2018 y 2019, cuando las autoridades utilizaron violencia letal para reprimir las manifestaciones.

Las protestas comenzaron el 18 de abril de 2018, en respuesta a reformas a la seguridad social, y rápidamente se transformaron en un llamado a la renuncia de Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las manifestaciones dejaron al menos 355 muertos, aunque organizaciones locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce más de 300 fallecidos.

En los últimos años, se han registrado asesinatos y atentados contra exiliados, especialmente en Costa Rica, como parte de una persecución transnacional. Casos como los de Rodolfo Rojas, Roberto Samcam y Joao Maldonado evidencian la crueldad de estos actos, que, según organismos de derechos humanos, tienen motivaciones políticas.

El Cetcam también denuncia la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas a prisioneros políticos desde 2018. La negación de atención médica adecuada y las exposiciones públicas forzadas para desmentir las desapariciones son otras formas de represión identificadas por los expertos.

Los investigadores concluyen que estas acciones son decisiones conscientes y premeditadas del régimen, que ignora la humanidad de los nicaragüenses, especialmente de los prisioneros políticos. Según el Cetcam, estas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad.