La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) interpusieron una querella contra el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, ante la Procuraduría General de la República, por la instalación de dos plantas de generación eléctrica a gas natural licuado en un área protegida.
Las organizaciones solicitaron que se aplique la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), que establece penas de hasta diez años de prisión por la destrucción de zonas de manglares. Según la bióloga botánica Ángela Guerrero, la querella incluye cargos de coautor, omiso y promotor contra el funcionario.
Impacto ambiental
Guerrero explicó que las plantas tienen una capacidad de 860 megavatios y están ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, lo que ha resultado en la destrucción de 575 mil metros cuadrados de vegetación costera y manglares. Además, no se presentó la licencia ambiental requerida por la ley.
Las organizaciones también demandaron la ejecución del Decreto 615-26, que declara de alto interés nacional el combate al terrorismo medioambiental. Guerrero destacó que situaciones similares afectan otras áreas costeras del país, como las barcazas en el Refugio de Vida Silvestre en los manglares de Los Negros de Azua y la destrucción de manglares en Bayahíbe.
Servicios ambientales
La especialista subrayó la importancia de los humedales y manglares para la biodiversidad y los asentamientos humanos en la costa. Indicó que muchos de estos espacios son sitios Ramsar, protegidos por convenios internacionales que el Estado dominicano ha suscrito, y que están siendo vulnerados por las autoridades.
