El empresario Frank Rainieri alertó recientemente que «el crecimiento sin orden es el enemigo de la sostenibilidad» en la República Dominicana, advirtiendo sobre el riesgo que representa la falta de coherencia en el uso del suelo para la competitividad de destinos turísticos que aportan más del 18 % al PIB nacional y reciben alrededor de 10 millones de visitantes anualmente.

Rainieri enfatizó que el modelo de desarrollo del país ha alcanzado un nivel que exige una adecuada gobernanza del territorio para cumplir con sus objetivos económicos. Esta preocupación se une a las declaraciones de Ligia Bonetti en la Cámara Americana de Comercio, quien destacó que la relocalización de cadenas de suministro globales ofrece a la República Dominicana una oportunidad para atraer inversiones industriales y de servicios.

Bonetti subrayó que los inversores buscan territorios predecibles, con infraestructura integrada y regulaciones claras, lo que resalta la importancia del ordenamiento territorial. La competencia en el ámbito del nearshoring no solo se basa en costos, sino también en la eficiencia logística y la calidad de vida, factores que dependen de una planificación territorial efectiva.

Estudios regionales indican que las empresas prefieren ubicaciones con planes de uso de suelo consolidados, lo que puede reducir riesgos operativos hasta en un 25 %. Ambas intervenciones coinciden en que la falta de planificación puede llevar a un fracaso sistémico en el país, que presenta una tasa de urbanización superior al 83 % y enfrenta una presión demográfica que satura las infraestructuras metropolitanas.

Para que el ordenamiento territorial sea efectivo, es fundamental establecer una visión de desarrollo que involucre a todos los actores del territorio, incluyendo el gobierno central, los ayuntamientos, el sector privado y las comunidades. Esta visión debe ser consensuada y reflejada en los «Planes de Ordenamiento Territorial» a nivel nacional, regional y municipal.

Estos planes no deben limitarse a ser meros ejercicios cartográficos; deben representar un pacto social y funcionar como una hoja de ruta vinculante. La implementación de estos instrumentos requiere una gestión activa, coordinación interinstitucional, financiamiento y sistemas de monitoreo.

La fragmentación actual en la inversión pública reduce su impacto en el desarrollo regional en más de un 15 %, lo que resalta la necesidad de una articulación efectiva. Además, es crucial actualizar periódicamente los planes para adaptarse a los cambios climáticos y económicos, garantizando así su relevancia.

El desafío es urgente. Si el país no adopta un enfoque riguroso hacia un ordenamiento territorial gestionado, podría enfrentar el deterioro de sus activos estratégicos y perder oportunidades históricas. Rainieri y Bonetti coinciden en que sin una hoja de ruta consensuada, la República Dominicana corre el riesgo de estancarse en la trampa de los ingresos medios y perder competitividad.

El ordenamiento territorial se ha convertido en una condición esencial para el desarrollo y el avance económico y social del país. La necesidad de actuar es inminente.