La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) está gestionando un contrato de RD$17,478 millones para operar y mantener dos líneas del Teleférico de Santo Domingo, a través de un proveedor único. Este contrato, que podría extenderse hasta diez años, ha generado interrogantes sobre la justificación de la exclusividad tecnológica y la conveniencia del precio para el Estado.

El procedimiento OPRET-CCC-PEPU-2026-0004 establece una duración inicial de cuatro años, lo que equivale a un promedio de RD$4,370 millones anuales. Aunque se contempla la posibilidad de renovaciones, no se ha especificado el costo de estas ampliaciones. La Línea 1 ya está en funcionamiento, mientras que la Línea 3 aún se encuentra en construcción, con la adjudicación programada para el 12 de noviembre.

El mantenimiento de un teleférico requiere conocimientos especializados, ya que sus componentes, como cables y sistemas de seguridad, necesitan atención rigurosa. La intervención del fabricante puede ser esencial para ciertos equipos y programas, lo que subraya la importancia de la seguridad de los pasajeros.

A pesar de esta necesidad, surge la pregunta de si todas las actividades deben ser contratadas sin competencia. El pliego de condiciones incluye servicios como atención al usuario y gestión operativa, lo que lleva a cuestionar si algunas de estas funciones podrían ser realizadas por otras empresas especializadas, manteniendo la coordinación necesaria.

La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas permite la contratación directa solo si se demuestra que una única empresa puede ofrecer el servicio requerido. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) establece que esta justificación debe basarse en estudios previos y no solo en la experiencia de la empresa.

OPRET defiende su decisión por la integración tecnológica y la continuidad del servicio, aunque la documentación revisada no proporciona claridad sobre la exclusividad de todos los servicios ni sobre la distribución del presupuesto. Además, el contrato permite subcontratar hasta el 45% del importe, lo que plantea la pregunta de por qué solo una empresa puede asumir el contrato principal si otras pueden participar.

En 2022, OPRET realizó una licitación pública para el mantenimiento de la Línea 1, adjudicada a POMA RD, lo que sugiere que es posible utilizar un procedimiento competitivo para servicios especializados. Ahora se busca contratar un conjunto más amplio de servicios, lo que requiere una explicación detallada de las razones detrás de este cambio.

Respecto al precio, aunque los RD$17,478 millones son una cifra concreta, es necesario desglosar los costos por línea y por concepto, incluyendo personal y repuestos, para determinar su razonabilidad. También se deben identificar gastos extraordinarios que podrían incrementar el costo para el Estado.

Finalmente, es crucial que OPRET publique la justificación de la exclusividad, el desglose económico de los servicios y los informes que respalden la razonabilidad del precio. La contratación pública no solo implica seleccionar un proveedor, sino también justificar la elección y demostrar la necesidad de un responsable integral para garantizar la seguridad.