El Ministerio Público presentó una acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra 10 exfuncionarios y cuatro empresas, señalados de formar parte de una red que distribuyó más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas, en el caso denominado Operación Lobo.
El expediente fue depositado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el órgano persecutor pidió que la acusación sea admitida en su totalidad y se fije la audiencia preliminar. Entre los acusados se encuentran Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste.
Además, están implicados Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargados de Seguridad de Edenorte, así como Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (Senasa). También se mencionan a Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), y otros tres individuos vinculados a las empresas acusadas.
Las empresas señaladas en el caso son Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company, S.A. y Magesty Recycling, S.R.L. Según el expediente, la estructura criminal habría distribuido RD$108,080,359.92 en sobornos a funcionarios encargados de supervisar contratos de seguridad privada en entidades estatales, con el objetivo de asegurar la adjudicación y continuidad de esos contratos.
La investigación fue llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución, y se inició a raíz de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa Senase habría realizado pagos ilícitos entre los años 2012-2020 y 2020-2025, utilizando transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo para mantener los contratos de seguridad en diversas instituciones públicas.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, debido a su presunta participación en la estructura desmantelada durante la Operación Lobo, ejecutada por el Ministerio Público en julio de 2025.
