El partido Opción Democrática (OD) rechazó el aumento en la tarifa del impuesto de circulación vehicular (marbete), anunciado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y propuso un sistema de cobro progresivo basado en el valor fiscal de los vehículos. La dirigente de la organización, Nicole Pichardo, argumentó que este ajuste representa una carga económica adicional para las familias dominicanas sin que se refleje en mejoras de los servicios públicos.
Pichardo reconoció que la tarifa del marbete no se actualizaba desde 2016 y que la inflación acumulada supera el 57%, pero cuestionó que las autoridades prioricen el incremento de los cobros sin atender las dificultades que enfrenta la ciudadanía. Criticó el sistema actual que establece tarifas según el año de fabricación de los vehículos, ignorando el valor comercial y la capacidad económica de sus propietarios.
Como ejemplo, mencionó que un automóvil económico de unos RD$400,000 puede pagar la misma tarifa fija que una camioneta de lujo valorada en RD$10 millones, siempre que ambos sean del mismo año de fabricación. Ante esta situación, Opción Democrática solicitó a la DGII realizar un estudio técnico para reemplazar el criterio actual por un modelo que considere el valor fiscal de cada vehículo.
Esto permitiría que los propietarios de unidades de mayor costo contribuyan de manera proporcionalmente mayor. Pichardo destacó que países como Chile, Colombia y Costa Rica aplican esquemas de tributación vehicular que toman en cuenta el valor fiscal o comercial de los automóviles para determinar los impuestos de circulación.
Además, cuestionó la discrepancia entre el cobro del marbete y las condiciones de las vías públicas, señalando el deterioro de calles y carreteras en diversas localidades del país. En este contexto, indicó que militantes de la organización han llevado a cabo jornadas comunitarias para tapar hoyos en calles de Santiago y el Distrito Nacional.
Pichardo concluyó que las experiencias de otros países latinoamericanos demuestran que es posible establecer un sistema de cobro más equitativo y transparente, instando a las autoridades a revisar el modelo dominicano.
