GINEBRA.– Más de veinte relatores y expertos en derechos humanos de la ONU han instado a la Unión Europea a suspender su acuerdo de asociación con Israel.

Esta solicitud se produce a pocos días de una reunión clave de ministros de Exteriores del bloque, programada para el 21 de abril.

La presión política dentro de la UE está en aumento, con países como España considerando formalizar su apoyo a la suspensión del pacto.

Este acuerdo otorga condiciones comerciales preferenciales a Israel, lo que ahora es objeto de un intenso escrutinio internacional.

Los expertos han señalado que la UE no puede afirmar de manera creíble que defiende los derechos humanos mientras mantiene un comercio preferencial con un Estado que ha sido acusado de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos por múltiples organismos internacionales.

Prueba moral para Europa

Los firmantes del comunicado subrayan que Europa enfrenta una “clara prueba moral” en medio de una opinión pública cada vez más crítica respecto a la situación en los territorios palestinos.

La falta de acciones efectivas pone en duda el compromiso de la UE con el derecho internacional.

Han pasado dos años y medio desde que la UE ha sido testigo de crecientes atrocidades contra los palestinos, sin que se hayan adoptado medidas efectivas.

Esta inacción podría tener repercusiones políticas y reputacionales para el bloque europeo.

Entre los expertos que firmaron el comunicado se destacan la relatora para los territorios palestinos, Francesca Albanese, y otros especialistas en derechos humanos y desplazamiento interno.

Posibles cambios en la política europea

La Comisión Europea ya propuso en septiembre suspender parcialmente algunas preferencias comerciales del acuerdo con Israel.

Esta medida requeriría una mayoría cualificada, pero no implicaría la ruptura total del tratado.

El debate actual se centra en si los Estados miembros darán un paso más decisivo.

Analistas consideran que una suspensión parcial enviaría un mensaje político relevante, aunque podría no ser suficiente para quienes piden sanciones más amplias.

La decisión final podría marcar un punto de inflexión en la política exterior de la UE y redefinir su postura ante conflictos internacionales donde se cuestiona el respeto a los derechos humanos.