El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo es «arbitraria» y exigió su «inmediata liberación» junto con una indemnización. Castillo cumple una condena de once años y cuatro meses de prisión por un fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

En un dictamen publicado el 4 de junio, que se hizo público recientemente, el grupo argumentó que la detención de Castillo violó artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, cuestionó la legalidad de su privación de libertad y la falta de justificación para su prisión preventiva, así como la ausencia de garantías para un juicio justo.

El grupo concluyó que, considerando todas las circunstancias, la solución adecuada es liberar a Castillo y garantizarle el derecho a una indemnización y otras reparaciones conforme al derecho internacional. También instó al Gobierno peruano a realizar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su detención y a tomar medidas contra los responsables de la violación de sus derechos.

Asimismo, solicitó que se proporcione información sobre las acciones tomadas en respuesta a sus recomendaciones en un plazo de seis meses. Castillo fue detenido tras su intento de golpe de Estado y fue juzgado hasta el 27 de noviembre de 2025, cuando se le impuso la condena por el delito de conspiración para la rebelión.

Desde su detención, la defensa de Castillo ha presentado seis solicitudes de indulto, todas rechazadas hasta ahora, argumentando que el proceso está en marcha y ha sido apelado ante tribunales superiores. El mandatario interino de Perú, José María Balcázar, afirmó que cualquier indulto debe tener un sustento jurídico constitucional.

El ministro de Justicia, Luis Jiménez, informó que el 25 de junio se presentó una nueva solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta solicitud busca que el Poder Ejecutivo aplique una atribución constitucional que permite al presidente otorgar gracia en casos específicos, como el de Castillo, que aún no tiene una sentencia firme.