La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podría costarle a África hasta 3,600 millones de dólares y amenazar decenas de miles de empleos, según una advertencia de la ONU emitida este miércoles. Hasta ahora, se han confirmado 1,333 casos y 399 muertes, con 189 recuperaciones, según la OMS.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó que la crisis está generando una profunda crisis socioeconómica que podría empujar a 985,000 personas más a la pobreza. Además, advirtió que la situación podría eliminar decenas de miles de empleos y afectar los servicios de educación y salud.

El PNUD también señaló que si las conmociones regionales y globales se intensifican, las economías africanas podrían enfrentar pérdidas significativas. La pobreza resultante afectaría de manera desproporcionada a las mujeres y tendría un impacto severo en la RDC y sus países vecinos, como Uganda, Ruanda y Sudán del Sur.

Las medidas de contención, como las cuarentenas, son necesarias para abordar la amenaza inmediata a la salud pública. Sin embargo, el PNUD advirtió que algunas restricciones a los viajes y el comercio están devastando las economías locales y los medios de vida informales.

Ahunna Eziakonwa, directora regional del PNUD para África, enfatizó que el ébola no solo es un desafío de salud, sino que también afecta los medios de vida, la educación, la seguridad alimentaria y la confianza en las finanzas públicas. Ignorar el impacto más amplio podría llevar a una crisis de desarrollo aún mayor.

Incluso en un escenario en el que el virus se contenga con éxito en la RDC y Uganda, que ha reportado 20 casos confirmados, los daños económicos serían severos. Se estima que la RDC podría sufrir pérdidas de más de 1,000 millones de dólares en su PIB real y la pérdida de 55,000 puestos de trabajo.

El PNUD recomendó implementar transferencias directas de efectivo a los más vulnerables, cambiar de cierres de fronteras a controles selectivos y establecer mecanismos de financiación de emergencia para asegurar la continuidad de los servicios de salud materna, reproductiva e infantil durante la crisis.