Al menos 11 ONG y familiares de presos políticos solicitaron este miércoles a las autoridades de Venezuela permitir una inspección independiente de las cárceles del país, tras el doble terremoto ocurrido hace cuatro semanas que ha dejado 5,346 muertes. Las organizaciones, entre las que se encuentran Provea, Defiende Venezuela y Foro Penal, emitieron un comunicado en el que exigen una evaluación técnica de la infraestructura de los centros de reclusión afectados por los sismos.

En el documento, presentado en una rueda de prensa, también se pide el ingreso inmediato de organismos internacionales de derechos humanos y asistencia humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU. Además, solicitan que se garantice el acceso regular de familiares y abogados a las cárceles y que se brinde atención médica oportuna, ante las denuncias de suspensión de visitas.

Condiciones de reclusión

Las organizaciones enfatizan la necesidad de verificar las condiciones de reclusión y el estado de salud de los detenidos. En el comunicado, la directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, destacó que la emergencia humanitaria en Venezuela no debe eclipsar la agenda de derechos humanos, subrayando que la protección de la vida depende del respeto a las garantías constitucionales.

Familiares de los presos políticos han denunciado que las autoridades han abandonado a los detenidos tras los sismos, lo que ha resultado en un deterioro de la alimentación y en la falta de atención a las estructuras carcelarias que sufrieron daños. Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha proporcionado un balance oficial sobre la situación de los detenidos y de las cárceles tras los terremotos.

Impacto de los terremotos

El doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrió el 24 de junio y ha dejado 16,740 heridos y 17,265 personas sin vivienda, según el último balance oficial. Además, se reporta que 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, lo que agrava la situación humanitaria en el país.