La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que la cárcel El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), continúa operando a pesar de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó su cierre en enero pasado. Según la organización, al menos 25 presos políticos permanecen recluidos en estas instalaciones, lo que contradice el anuncio oficial de clausura.

La JEP subrayó que detrás de cada cifra hay familias que siguen esperando respuestas, lo que impide considerar cerrado un lugar donde aún hay ciudadanos privados de libertad. En su publicación en X, la ONG hizo un llamado a la comunidad internacional y a organismos multilaterales para que mantengan el seguimiento del caso con un enfoque de verificación de hechos.

Transparencia y situación jurídica

Asimismo, la organización instó a las autoridades venezolanas a proporcionar transparencia sobre el estado real de la cárcel y a priorizar la atención a la situación jurídica de los 25 detenidos. En febrero, el Gobierno de Rodríguez anunció el inicio de trabajos de remodelación de El Helicoide para convertirlo en un centro social, como ella misma solicitó.

Rodríguez propuso el 30 de enero transformar El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su iniciativa de una ley de amnistía para los presos políticos, que fue aprobada por el Parlamento controlado por el chavismo en febrero. Esta propuesta se dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara sobre el cierre de una «cámara de torturas» en Caracas.

Historia de El Helicoide

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 originalmente concebida como centro comercial, se ha convertido en la sede del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Este lugar ha sido descrito como un centro de «torturas» por opositores y activistas de derechos humanos, y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de abusos ocurridos allí.

A pesar de las denuncias, el Gobierno venezolano ha negado consistentemente estas acusaciones. La situación en El Helicoide sigue siendo un punto crítico en el contexto de los derechos humanos en el país.