El Ministerio Público (MP) acusa a Héctor Antonio Lora Cruceta de implementar un esquema fraudulento en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), donde se alteraban indicaciones médicas para cobrar a Senasa. Según el expediente, Lora Cruceta habría habilitado un Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas para modificar las órdenes de pacientes referidos de otros centros de salud privados.

Las acusaciones indican que estas modificaciones buscaban aumentar los montos facturados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante la inclusión de estudios y procedimientos innecesarios. Esto se realizaba sin una evaluación previa de los pacientes, generando diagnósticos falsos que perjudicaban tanto a la aseguradora como a sus afiliados.

El MP afirma que, bajo instrucciones de Lora Cruceta, se agregaban diagnósticos y procedimientos que no habían sido referidos por los médicos tratantes. Esta práctica se ejecutaba a cualquier hora, incluso en la madrugada, y Lora Cruceta supuestamente amenazaba al personal con despidos si no cumplían con estas instrucciones, lo que evidenciaba un carácter coercitivo y sistemático del esquema.

Además, se señala que se utilizaron sellos médicos de diversos especialistas, como internistas y ginecólogos, así como talonarios pre-sellados para emitir indicaciones a nombre de profesionales que no habían autorizado esos procedimientos. Esta acción fue supuestamente coordinada por Lora Cruceta y Johanna Tamarez, encargada de Recursos Humanos del IORC y sobrina de Dilcia Vargas Sánchez, otra de las implicadas en la trama.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para Lora Cruceta, Vargas Sánchez y Luisa Yasiris Guzmán, quienes son considerados cabecillas de esta estructura fraudulenta. La acusación resalta la gravedad de las acciones y su impacto en el sistema de salud.