El abogado Iván Mateo Calderón advirtió que varios artículos de la Ley 84-25, que introduce el nuevo Código Penal, vulneran derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión y opinión. Calderón afirmó que, aunque la reforma es un avance para el sistema de justicia dominicano, hay aspectos sobre los delitos de difamación e injuria que son incompatibles con la Constitución.

El jurista explicó que las penas de prisión por expresiones consideradas difamatorias generan un efecto de autocensura en la ciudadanía y los comunicadores, limitando el ejercicio libre de la opinión pública. “Con esta mordaza que establecen tanto el 208 como el 210, no permite que ese derecho se ejerza sin censura previa, porque estará el miedo latente”, indicó.

Calderón ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa “Gente RDTV”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV. Recordó que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema, declarando inconstitucionales disposiciones que penalizaban los delitos de opinión, sugiriendo que estos conflictos deben resolverse por la vía civil.

El abogado consideró que una eventual acción directa de inconstitucionalidad contra esos artículos podría prosperar, dado los precedentes establecidos por la alta corte. “Por la inconducta de algunos, tú no puedes penalizar a toda una sociedad que aquí ejerce periodismo serio”, señaló.

A pesar de sus críticas, Calderón reconoció que el Código Penal representa un avance significativo, endureciendo las sanciones para delitos como feminicidio, terrorismo, secuestro y sicariato, con penas de hasta 40 años de prisión. Además, destacó la incorporación del cúmulo de penas, que permitirá condenas de hasta 60 años en los casos más graves.

El experto también valoró la inclusión de nuevas figuras delictivas, como los ciberdelitos, que no estaban contempladas en la legislación anterior y que responden a las necesidades actuales de la sociedad. Sin embargo, cuestionó la permanencia del delito de ultraje contra funcionarios públicos, argumentando que las leyes deben priorizar la protección de los derechos de los ciudadanos y garantizar el ejercicio de la crítica en un sistema democrático.