El nuevo Código Penal ha generado controversia en la sociedad dominicana debido a las conductas que se penalizan y las que quedan fuera del ámbito penal. Entre los puntos más discutidos se encuentran el aborto, la negligencia médica, la difamación, la corrupción y la discriminación, lo que ha llevado a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) a advertir sobre errores de técnica legislativa.

El desacuerdo se centra en qué conductas deben ser consideradas delitos. Muchos critican la penalización de la negligencia médica y el aborto, mientras que otros señalan la falta de sanciones para la discriminación por orientación sexual y la limitación de la persecución de la corrupción a 20 años. Además, se cuestiona la exención de responsabilidad penal para el Estado, partidos políticos, iglesias y ayuntamientos.

Debate sobre la penalización del aborto y la difamación

La penalización del aborto es uno de los temas más debatidos, ya que podría llevar a la cárcel a quienes interrumpan un embarazo, incluyendo a médicos y parteras. El Colegio Médico Dominicano (CMD) ha elevado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos que imponen responsabilidad penal a personas y entidades por actos u omisiones punibles.

El artículo 354, que sanciona con prisión la emisión de certificados médicos falsos, también ha sido impugnado. El gremio argumenta que estas disposiciones podrían incentivar la medicina defensiva, exponiendo a los médicos a procesos penales por decisiones tomadas en el ejercicio de su labor.

En cuanto a la difamación, el nuevo Código establece penas de dos a cinco años de cárcel, lo que ha provocado recursos de inconstitucionalidad. La Fundación Finjus ha señalado que estas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo de censura indirecta.

Críticas a la técnica legislativa y omisiones en el Código

Finjus también ha advertido sobre deficiencias técnicas en el nuevo Código, incluyendo ambigüedades y contradicciones entre artículos. Estas inconsistencias podrían dificultar su aplicación y generar interpretaciones contradictorias por parte de jueces y fiscales.

La organización Participación Ciudadana ha criticado la omisión de la orientación sexual como motivo de discriminación y la limitación del tiempo de prescripción para delitos contra el patrimonio público a 20 años. Consideran que esto puede obstaculizar el juzgamiento de casos de corrupción que se descubren años después de ocurridos.

Mientras el Tribunal Constitucional evalúa las acciones de inconstitucionalidad, el debate se centra en la necesidad de actualizar una ley con más de un siglo de vigencia y en la definición de qué conductas deben ser consideradas delitos. Finjus ha solicitado al Poder Ejecutivo promover una ley que extienda el período de vacatio legis para corregir las inconsistencias antes de que el nuevo Código entre en vigor.