El nuevo Código Penal de la República Dominicana, que entrará en vigencia próximamente, establece que las empresas serán responsables penalmente por los delitos cometidos en su beneficio o bajo su control. Esta medida busca alinearse con estándares internacionales para combatir el lavado de activos y la corrupción, pero su aplicación no distingue entre grandes corporaciones y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

En el país, más del 98% de las empresas son MiPyMEs, que operan con estructuras reducidas y recursos limitados. Sin embargo, el nuevo régimen les exige demostrar un nivel de control interno similar al de grandes compañías, lo que podría resultar inalcanzable para muchas de ellas.

Desafíos para las MiPyMEs

La ley permite que una empresa se exima de responsabilidad penal si demuestra haber ejercido un «debido control» para prevenir delitos, un concepto que implica la implementación de políticas y controles internos. Para una entidad financiera o una multinacional, esto es parte de su operativa, pero para una MiPyME representa una inversión que muchas no pueden permitirse.

Si un empleado utiliza la estructura de la empresa para cometer un delito, el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares que pueden congelar la operatividad de la empresa antes de que se dicte una sentencia. Esto puede llevar a la quiebra a aquellas empresas que dependen del flujo semanal de ingresos para cumplir con sus obligaciones.

A pesar de que combatir la delincuencia corporativa es una obligación del Estado, la proporcionalidad es esencial en un sistema jurídico moderno. Tratar a empresas desiguales de la misma manera puede tener efectos adversos, ya que el nuevo modelo penal responsabiliza a las empresas por infracciones cometidas por sus directivos o subordinados, incluidas las consideradas leves.

La solución no es excluir a las MiPyMEs del régimen de responsabilidad penal, sino establecer estándares diferenciados de cumplimiento y programas simplificados que les permitan prevenir riesgos sin incurrir en costos desproporcionados. La formalización empresarial no debe ser una desventaja frente a la informalidad.

Si el nuevo Código Penal busca fortalecer la institucionalidad, debe evitar que las nuevas obligaciones recaigan sobre quienes tienen menos capacidad para soportarlas, ya que esto podría debilitar al sector productivo que sostiene la economía dominicana.