A partir de agosto, las penas por difamación en la República Dominicana se incrementarán. Además, se permitirá la acumulación de sanciones por múltiples infracciones, lo que podría resultar en condenas más severas.

La nueva Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, contempla que en casos de difamación con múltiples infracciones, las penas se sumen.

Esto implica que las sanciones podrían aumentar significativamente tras su entrada en vigor.

A pesar de las reservas del Colegio de Abogados de la República Dominicana sobre el aumento de las sanciones, su presidente, Trajano Vidal Potentini, considera que el cúmulo de penas es una fortaleza de la nueva legislación.

Detalles del nuevo Código Penal

El artículo 46 del nuevo Código Penal establece el concurso de infracciones, que se da cuando una persona comete varias conductas que violan diferentes tipos penales.

Esto puede incluir tanto delitos independientes como reiteraciones del mismo delito.

La legislación actual establece penas de hasta un año de prisión por difamación, sin importar el medio utilizado.

Sin embargo, con la reforma, se introducen sanciones más severas y se tipifica la difamación extorsiva, abarcando también las redes sociales y medios electrónicos.

La difamación se define como la imputación pública de un hecho que afecta el honor o la dignidad de una persona.

Las sanciones varían de dos a cinco años de prisión, además de multas que oscilan entre nueve y quince salarios mínimos del sector público.

Impacto en la libertad de expresión

La figura de la difamación extorsiva se configura cuando la imputación se realiza para obtener beneficios o presionar a la víctima.

En estos casos, las penas pueden ser de cinco a diez años de prisión y multas más elevadas.

Vidal Potentini ha expresado su preocupación por el impacto que estas reformas pueden tener en la libertad de expresión.

Señala que el aumento en las penas podría generar una «inflación penal» y aumentar la conflictividad social.

El gremio de abogados ha identificado varios aspectos que requieren revisión y ha promovido acciones ante el Tribunal Constitucional para corregir posibles inconstitucionalidades en la nueva normativa.